Unos 5.000 niños nacen cada año en España con trastorno del espectro alcohólico fetal


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Unos 5.000 niños nacen cada año en España con trastorno del espectro alcohólico fetal, un grupo de alteraciones físicas, de conducta o de aprendizaje, que ocurren en personas cuyas madres consumieron alcohol durante el embarazo.

Así se ha puesto de manifiesto durante un acto organizado por diversas asociaciones de afectados en el Ministerio de Sanidad con motivo de la celebración del Día Mundial de la enfermedad, que tiene una incidencia diez veces mayor que el síndrome de Down pero que está muy infradiagnosticada.

Tal como se puso de manifiesto en el encuentro, para poder diagnosticar este trastorno se necesita una documentación fiable del embarazo y la colaboración de médicos y psicólogos con experiencia clínica en el abordaje de la enfermedad, aspectos que actualmente presentan muchas lagunas.

"El Sistema Nacional de Salud está preparado para atender a estos pacientes, pero es necesario mejorar la formación de los profesionales sanitarios, ya que muchos no saben todavía qué es", han dicho los especialistas, quienes, además, han avisado de que la normalización que hay en la sociedad en torno al consumo de alcohol hace que sea aún más difícil prevenir y detectar esta enfermedad.

El grado de afectación de los niños cuyas madres han consumido alcohol durante el embarazo depende de muchos factores, si bien se ha observado que esta sustancia impide el desarrollo normal del cerebro, provocando así dificultades de aprendizaje, problemas de conducta y de integración social.

Así es precisamente como lo han descrito algunos adolescentes afectados por este trastorno, quienes han asegurado que son muy impulsivos y que suelen actuar sin pensar en las consecuencias posteriores que pueden tener sus actos. "No sabes lo que te pasa y te crees que eres una carga para la familia y para todos. Sufres mucho hasta que no eres consciente de lo que te pasa y no lo sabe tu entorno", han destacado.

Por todo ello, los especialistas han subrayado la necesidad de mejorar el diagnóstico precoz, realizar estudios de prevalencia, impulsar la creación de unidades de referencia, realizar protocolos de prevención y actuación, catalogar la atención específicas, incluir los criterios de valoración de la discapacidad y mejorar la formación de profesionales sanitarios, educadores, jueces e, incluso, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.