Silencioso ruido

  • Dr. Miguel Álvarez Deza

  • Editorial
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Vivimos en un mundo tan rápido, con tantos impactos, que no nos queda  tiempo para reflexionar, recordar y ser conscientes de las cosas. No se sabe a ciencia cierta cómo va a evolucionar la pandemia a corto y medio plazo. Es previsible que la situación empeore en invierno, pero realmente todo es pura especulación. Seguimos con una visión superficial e incompleta de los cambios y efectos de la pandemia sobre la salud colectiva y las desigualdades de salud.

A finales de octubre, el número oficial de muertes en el mundo sobrepasaba el 1,2 millones de personas, de las que oficialmente unas 36.000 habrían fallecido en España. Sabemos que hay un “exceso de mortalidad” (es decir, el número de muertes que habríamos esperado ver en condiciones ‘normales’ respecto a años anteriores) que ya se acerca a las 60.000 muertes. Esto no quiere decir que todas las muertes sean por Covid-19 pero sí que muchas ocurren por el contexto social y sanitario que tiene lugar a su alrededor: enfermos diagnosticados y tratados tardíamente con enfermedades oncológicas, pulmonares, de salud mental u otras. 

A pesar de que no disponemos aún de una evaluación externa de esta pandemia, hay tres temas importantes que hay que valorar: la debilidad de los sistemas de información y vigilancia epidemiológica existentes, que complica la comparabilidad de los indicadores entre países y dentro del país; el uso partidista y poco transparente con el que algunas instituciones y gobiernos utilizan los datos, como en el caso de la Comunidad de Madrid por ejemplo; y la propia dificultad científica de comprender todos los impactos psicosociales y de salud (muertes, enfermedades, problemas crónicos, sufrimiento, etc), en grupos y lugares diferentes. Por el momento sólo vemos la punta del iceberg de lo que está pasando.

Con la pandemia no se ha planificado ni coordinado suficientemente, ha habido falta de previsión y capacidad de anticipación, ha faltado liderazgo y participación comunitaria, no se ha previsto el peor escenario y no se ha invertido lo suficiente en los tres pilares básicos: sanidad, salud pública y servicios sociales. Frente a esto, la solución final, con confinamientos que ayudan a frenar su expansión y la restricción de actividades comerciales y cotidianas no pueden ser una alternativa a tener una salud pública con los medios adecuados para planificar, vigilar, educar, prevenir y actuar con diligencia y efectividad.

En cambio, se ha optado por plantear restricciones de la actividad laboral, el consumo, o el ocio de forma reactiva y no demasiado efectiva. No se ha hecho suficiente hincapié en la restricción de actividades interiores (donde surgen todos los brotes), en la promoción del mayor número de actividades posibles controladas al aire libre, y en la mejora del transporte público. Podría decirse que no se ha planificado con tiempo ni se han previsto los peores escenarios, que no se ha hecho una campaña educativa comunitaria, pedagógica, con mensajes claros y masivos a la juventud y a las personas mayores, ni tampoco se ha realizado una campaña de participación comunitaria.

Cuando la población no puede acceder ni recibir los servicios sanitarios que necesita, se puede decir que el sistema está colapsado. No se puede contemporizar y “normalizar” una situación que mata, crea sufrimiento y desigualdades en tanta gente. Al dedicar los recursos disponibles para atender a los enfermos por la Covid-19, no se están atendiendo otros casos de enfermedades y problemas de salud.

Sabemos que el virus no afecta igual a toda la población y que hay grupos sociales muy desigualmente afectados por la pandemia. En la primera ola de la pandemia, alrededor del 70% de las muertes se produjeron en las residencias geriátricas. Durante muchos años no se invirtió en servicios públicos, se externalizaron residencias a empresas, aseguradoras y fondos especulativos que encontraron un mercado rentable para hacer negocio y parasitar sin control democrático al sector público. Con total impunidad, precarizaron al personal, ahorraron en material básico y mantenimiento, redujeron la calidad de servicios y degradaron la atención, las condiciones higiénicas y de alimentación. 

El Gobierno ha creado un sistema subsidiado insostenible: 15,8 millones de personas trabajan frente a  los 15,1 millones que cobran del Estado.

Se dice que hay que volver a la “normalidad” o a una “nueva normalidad”. Y la “normalidad” en España es que una de cada cuatro personas está en situación de riesgo de pobreza y exclusión, y más de la mitad de la población tiene dificultades para llegar a fin de mes.

“Descubrieron que los besos no sabí­an a nada. Hubo una epidemia de tristeza en la ciudad. Se borraron las pisadas, se apagaron los latidos, y con tanto ruido no se oyó el ruido del mar...
(Ruido, J.Sabina).

El Dr. Miguel Álvarez Deza es especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública.