Sanidad virtual

  • Dr. Miguel Álvarez Deza
  • Editorial
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Virtual es lo que solamente existe de forma aparente y no es real.

Uno de los efectos secundarios de la pandemia de la COVID-19 ha sido el cambio en la relación médico- paciente. Todavía, hay algunos médicos de atención primaria que no ven a sus pacientes, que no dan citas presenciales e incluso emiten partes de confirmación de incapacidad temporal vía telefónica.

La sanidad pública ha vuelto a alcanzar su máximo histórico de pacientes en lista de espera para una intervención quirúrgica no urgente en el conjunto del Sistema Nacional de Salud. Casi 800.000 pacientes aguardan una media de 120 días para ser intervenidos en la sanidad pública, mientras que la espera media para la consulta con un especialista se demora hasta 95 días.

El Real Decreto 605/2003 pretendía homogeneizar la información sobre las listas de espera en la sanidad pública española. Se considera fecha de entrada en el registro el día de indicación de la consulta o prueba por el médico peticionario. Es decir, solo cuando el paciente tiene su cita, con fecha y hora, entra en las listas de espera.  

Por ejemplo, un ciudadano acude a su médico de atención primaria y éste le recomienda una consulta con el traumatólogo. Pasan 5 meses, lo llaman y entonces le dan cita para un mes más adelante. Realmente espera 6 meses para que lo vean pero solo consta uno en las listas. Esta es la diferencia entre las listas estructurales, de las que sí informan los servicios de salud y las no estructurales, de las que no informa, contribuyendo a esa sanidad virtual, que conlleva a una pérdida de contacto con la realidad sanitaria. Ni siquiera el tiempo de espera para una consulta con el especialista o para una intervención es la media real de lo que se tarda, es la espera en la fecha en la que se hace el corte para medirlo. Lo realmente importante, lo que se necesita saber, es el tiempo de resolución del proceso.

En todo caso se agradecería que alguien rebajara un poco el nivel de hermetismo esotérico de las administraciones. El impulso para implantar la transparencia no solo se ha quedado a medias sino que las administraciones se blindan con nuevas opacidades.

Las compañías de seguros médicos privados empezaron hace años a ofrecer consultas telefónicas, tanto con el médico generalista como con el especialista. Ponían a disposición del asegurado las 24 horas del día una consulta telefónica para cualquier problema de salud. Lo importante no era la calidad y la seguridad de la respuesta, sino la rapidez en la contestación. 

A día de hoy, según datos del CIS, casi uno de cada cuatro españoles(36 %), utiliza la sanidad privada, sumando a los que contrataron una póliza, los que tienen una mutua del Estado y un seguro médico privado contratado por la empresa.

Y para no ser menos, los servicios públicos de salud de las comunidades autónomas han introducido en su cartera de servicios, las consultas telefónicas, tanto en atención primaria como especializada. Una forma rápida y sencilla de cumplir con un acto médico.

Mientras tanto los expertos en derecho sanitario alertan de la dudosa cobertura legal de un acto médico realizado por llamada telefónica o videoconsulta. Sin entrar en si puede ser científica, moral y éticamente posible realizar un diagnóstico sin ver al paciente. 

Dentro de poco, los teléfonos móviles, los relojes inteligentes y cualquier tipo de pantalla se convertirán en material de uso sanitario de primer orden. Pase lo que pase somos un factor de una ecuación en la que no hemos decidido.

Lo que es para mí un gran desgaste, al filo ya de mi vejez. Es no saber por qué creaste, el monstruo de la estupidez…” (Qué necesidad, L.E. Aute).

El Dr. Miguel Álvarez Deza es especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública.