Pleitos tengas…


  • Editorial Univadis
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En 1993, hace ya 25 años, se publicó un artículo sobre la responsabilidad legal de los médicos en casos de negligencia médica. El artículo señalaba que la negligencia “ha alcanzado una importancia desconocida en España”. Tras analizar las resoluciones judiciales se observaba cómo la gran mayoría de los veredictos, tanto en Jurisprudencia Civil como Penal, correspondían a los últimos 13 años, con una tasa anual de 0,4 denuncias por 100 médicos. Se concluía afirmando que “existen razones para considerar la situación española muy lejos del nivel de Estados Unidos”. La medicina española ha evolucionado mucho desde entonces, y hoy día esta última afirmación ya no se podría realizar. Por desgracia, estamos muy cerca del nivel de demandas médicas existentes en Estados Unidos.

En un conocido estudio realizado por la Organización Médica Colegial (OMC) en colaboración con la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) y la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) se ponía de manifiesto cómo el 88,7% de los médicos de Urgencias hospitalarias siente que la amenaza de denuncia o demanda judicial condiciona su práctica asistencial; y el 91,3% considera que la presión judicial sobre ellos se ha incrementado considerablemente. Respecto a la cantidad de denuncias recibidas, el 54,5% ha recibido al menos una reclamación y el 23,6% una denuncia. Es decir, casi uno de cada cuatro ha sido denunciado ante los tribunales, a pesar de que los médicos de urgencias no son los más denunciados.

Las especialidades más denunciadas en casi todos los estudios nacionales e internacionales suelen ser, por este orden, traumatología, ginecología y obstetricia, cirugía plástica, cirugía general y medicina interna; pero también se denuncia con frecuencia a médicos de urgencias, cardiólogos, pediatras, anestesistas o a las grandes cirugías. Proporcionalmente, los médicos de Atención Primaria son los que menos pisan los tribunales. Respecto a las causas de denuncia, desde un punto de vista procesal, suelen ser errores en el diagnóstico, retraso diagnóstico, falta de información o consentimiento y malpraxisterapéutica. Si escogemos traumatología, la especialidad más denunciada en España, el 83% de las denuncias son por vía judicial y de ellos el 53% son penales. Aunque el 70% son archivadas y sólo el 3% de las denuncias acaba condenando al médico, casi un tercio conlleva condena económica, que es lo que realmente se busca en la mayoría de casos. 

Diversos estudios muestran cómo la mayoría de las demandas se relacionan con el reembolso económico, especialmente en la práctica privada. Tomemos como ejemplo de la neurocirugía y los datos que arrojó un estudio español que analizó las sentencias contra neurocirujanos registradas entre 1995 y 2007. Fueron absueltos aproximadamente la mitad de los casos, en un tercio se identificó malpraxis, una quinta parte acabó en la vía penal y cuatro de cada cinco sentencias se acompañó de indemnización económica, con cantidades entre 60.000 y 600.000 euros (de hace más de 10 años). En las demandas a médicos, el dinero importa.

El aumento de las denuncias a los médicos tiene consecuencias negativas para todos, médicos, pacientes e incluso para la sociedad. Lo médicos, por una parte, no son los mismos tras pasar por un tribunal. Se vuelven más susceptibles con los enfermos, temiendo ser denunciados a pesar de dar lo mejor de sí mismos. Es obvio que el uso excesivo de la vía penal en las reclamaciones aumenta todavía más el miedo a ser denunciados. Tanta demanda lleva a que profesionales vocacionales se desencanten con la profesión y practiquen la denominada medicina defensiva: realizar procedimientos diagnósticos o terapéuticos con el propósito de evitar demandas por mala praxis. En el estudio citado, realizado por la OMC, el 90% de los médicos de urgencias realiza pruebas diagnósticas de dudosa utilidad y el 63% cree que la estancia en urgencias de pacientes ya diagnosticados se alarga innecesariamente para prevenir problemas legales. 

Los pacientes también pagan las consecuencias de tanta demanda, porque no es bueno para ellos que los médicos les atiendan con temor y practiquen medicina defensiva, ya que aumenta el riesgo de iatrogenia, sobrediagnóstico y malas prácticas; y a ello se añaden los costes, económicos y de otro tipo, que supone para la sanidad, pública y privada, y para las aseguradoras. Salvo para aquel que cobra, las demandas son un muy mal negocio en medicina.

Descrito este triste panorama se impone aportar algunas pautas que permitan ejercer la profesión con tranquilidad y ofreciendo la mejor calidad posible a los enfermos. En primer lugar, señalar que la mejor manera de prevenir demandas es hacer el trabajo correctamente: mantener una buena relación clínica y hacer lo debido desde el punto de vista técnico. Si tenemos una relación de confianza con los pacientes y allegados, un vínculo de confianza entre ambas partes, resultará más fácil el acuerdo y la conciliación. Esta relación de confianza debe incluir dar una información adecuada y solicitar el consentimiento a los pacientes antes de realizar cualquier procedimiento. En cuanto a la parte técnica, al médico se le puede exigir que ponga todos los medios disponibles a su alcance (por ejemplo, realizar un electro a paciente un dolor torácico), pero no es exigible que siempre se obtenga el resultado correcto, ya que la medicina, aun aplicando todos los recursos, es falible. Si tras el electro y la curva enzimática se da de alta al paciente y este sufre un infarto en su casa, si el médico de urgencias actuó correctamente no tendrá problemas legales.

Además de ser buenos médicos en la relación con los enfermos y técnicamente, para prevenir demandas o para que estas no prosperen, el médico tiene que registrar su actividad en la historia clínica. El consentimiento informado debe ser siempre verbal, pero en situaciones de riesgo ha de ser, además, escrito y tiene que quedar prueba escrita de toda la praxis médica, aunque sea de procedimientos menores, ya que precisamente los procedimientos con menor riesgo de muerte constituyen el grupo que más se demanda. Por último, conviene que el médico tenga una formación mínima médico-legal. En el estudio de la OMC, el 86,7% carece de los conocimientos médico-legales suficientes para afrontar la mayoría de los posibles problemas legales, y el 60,6% desconoce las posibles consecuencias de una denuncia. 

Hemos hablado sobre todo del médico, pero hay otro actor principal implicado: los pacientes, si han padecido una mala praxis, por supuesto tienen todo el derecho a denunciar, pero no deben olvidar que los cantos de sirena de las indemnizaciones pueden terminar resquebrajando uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo. En cuanto a las instituciones sanitarias, han de procurar el mejor apoyo al médico, indefenso y atemorizado ante la amenaza de verse en los tribunales. Ante un problema legal, el 88% de los médicos de urgencias no se siente protegido por las estructuras hospitalarias ni sanitarias, y el 79,1% tampoco siente respaldo de la dirección del centro, mientras que el 67,6% percibe comprensión y solidaridad por parte del resto de médicos del servicio.