Organizaciones y profesionales sanitarios registran en el Congreso una iniciativa legislativa popular sobre medicamentos


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Diecinueve organizaciones y asociaciones de defensa de la sanidad pública, la transparencia y la comunidad científica, entre ellas la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C (PLAFHC) o el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM), han registrado en el Congreso de los Diputados la iniciativa legislativa popular (ILP) “Medicamentos a un precio justo” que pretende, con medidas concretas reflejadas en su texto, abordar la falta de transparencia y el sistema de fijación de precios.

Asimismo, la iniciativa pretende fomentar la investigación pública de medicamentos y la formación independiente de los profesionales sanitarios con la creación de un fondo para mejorar el acceso a las innovaciones y garantizar una prescripción adecuada.

"En los últimos años hemos asistido a un aumento continuado de los precios de los nuevos medicamentos, en muchas ocasiones con cifras muy superiores a los costes de investigación y fabricación, como ha puesto de manifiesto el caso de la hepatitis C y los antivirales de acción directa. Esta situación ha conllevado un importante incremento del gasto farmacéutico, poniendo en peligro la sostenibilidad del sistema e introduciendo copagos en los medicamentos a miles de personas, limitando el acceso a determinados tratamientos", señalan las organizaciones firmantes.

De forma paralela, han avisado de que también existen problemas relacionados con la opacidad sobre la inversión que realiza directa o indirectamente la Administración pública en investigación biomédica y sobre las negociaciones que mantiene con la industria farmacéutica. "Esta falta de transparencia afecta a las relaciones entre el sector privado, las organizaciones de profesionales y los profesionales sanitarios con las Administraciones públicas, lo que puede dar lugar a conflictos de intereses", añaden.

Si la Mesa del Congreso de los Diputados admite a trámite la ILP, las organizaciones conformantes tendrán un plazo de nueve meses para recoger 500.000 firmas que permitan su debate en la Cámara Baja.