Más de 1.500 personas en España fallecieron de forma prematura entre 2015 y 2016 por las emisiones del carbón


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Las emisiones de las centrales térmicas del carbón en España se relacionaron con 1.529 muertes prematuras y 914 hospitalizaciones por enfermedades cardiovasculares y respiratorias entre los años de 2015 y 2016, según los resultados del informe “Un oscuro panorama: las secuelas del carbón”, presentado por el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA).

Además, el estudio señala la estrecha relación entre las emisiones de carbón y sus impactos mediante el análisis comparativo: entre 2015 y 2016 se redujo en un 30% la producción de energía del carbón, una reducción que se asoció a una disminución del 40,5% en los impactos asociados y con un ahorro de entre 499 y 952 millones de euros.

Al mismo tiempo, el trabajo ha desvelado las pérdidas económicas asociadas a los impactos sobre la salud de la quema del carbón, que entre 2015 y 2016 alcanzaron un total de entre 1.871 y 3.568 millones de euros. Estos costes se pueden asociar a gastos sanitarios y a la reducción de productividad derivada del absentismo laboral: 371.552 días de trabajo perdido y 1.350.401 días de actividad restringida (cuando una persona no puede desarrollar su actividad habitual por problemas de salud).

Asimismo, el estudio ha recogido los graves efectos en la salud de los niños asociados a las emisiones del carbón durante 2015 y 2016, contabilizando 20.112 episodios de asma en niños y 2.066 casos de bronquitis.

"Es importante destacar que los impactos en la salud no se producen solo en las zonas donde hay centrales de carbón, sino que afectan a toda España. No obstante, los impactos más graves se aprecian en las Comunidades Autónomas donde se sitúan centrales o en las regiones limítrofes. Por ello, para garantizar el derecho a la salud de toda la población española es necesario que todas las centrales de carbón en España cierren en 2025, a más tardar", declaró el ingeniero ambiental del IIDMA y uno de los autores de este informe, Massimiliano Patierno.

La presentación del informe estuvo respaldada por la participación de la ex alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y presidenta de la Mary Robinson Foundation-Climate Justice, Mary Robinson, quien comentó cómo el cambio climático y la contaminación atmosférica impactan sobre el derecho a la vida, a la salud y a un medio ambiente sano.

"Su salvaguarda debe ser una prioridad para todos los gobiernos. De acuerdo con diferentes informes de expertos independientes de Naciones Unidas, los estados están obligados a proteger el disfrute de los derechos humanos frente a los daños ambientales. Además, las empresas también están obligadas a respetar los derechos humanos en todos los aspectos de sus operaciones. Las fuentes de contaminación atmosférica varían entre los Estados y dentro de ellos", explicó.

En el caso de España, la principal fuente de contaminación atmosférica se encuentra en la quema de combustibles fósiles por los sectores energético, del transporte y de la industria, que emiten contaminantes como: óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre, o las partículas, que tienen efectos muy perjudiciales para la salud y el medio ambiente.

El Panel Intergubernamental de Expertos del Cambio Climático (IPCC), en su último informe, ha alertado de que es imperativo reducir la generación eléctrica con carbón. Además, y según un informe de Climate Analytics, todos los países de la UE deberían cerrar sus centrales de carbón en 2030, a más tardar, para cumplir con el Acuerdo de París.

En este sentido, en España, el IIDMA considera que debe recogerse la fecha de 2025, como muy tarde, en un instrumento jurídicamente vinculante, como la Ley de Cambio Climático y Transición Energética o el Plan Nacional de Energía y Clima.

Actualmente, los borradores de estos documentos no incluyen fecha concreta de cierre, una medida que se debería adoptar para la protección de los derechos humanos. Además de ello, el informe insta a los responsables políticos a acelerar y autorizar los procesos de cierre de centrales previstos para antes de junio de 2020.

"El respeto de los derechos humanos, como es el derecho a la salud o a un medio ambiente sano, y la lucha contra la contaminación atmosférica y el cambio climático son fundamentales para alcanzar muchos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La Administración General del Estado y las entidades locales deben tomar medidas urgentes para cumplir con las obligaciones que el Relator Especial de Derechos Humanos y Medio Ambiente de las Naciones Unidas ha señalado para hacer efectivo el derecho a respirar un aire puro. Es fundamental intensificar la lucha contra el cambio climático, a cuyos efectos España es especialmente vulnerable para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París, lo que pasa por el cierre de las centrales en 2025 a más tardar", dijo la directora de IIDMA, Ana Barreira.

Finalmente, el estudio ha destacado diferentes recomendaciones y medidas: la necesidad de tomar como pauta los valores guía de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la calidad del aire, más estrictos que los de la Unión Europea, la urgencia de facilitar información en tiempo real de las emisiones del carbón, y la necesidad de que las empresas propietarias de las centrales ofrezcan suficientes garantías sobre sus proveedores de carbón importado, cuyas prácticas deben respetar los derechos humanos en las zonas de extracción.