Los sindicatos defienden el traspaso de Sanidad Penitenciaria a las CC.AA.


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A pesar de la infinidad de iniciativas parlamentarias presentadas a lo largo de los últimos años por parte de todos los partidos políticos,  sigue sin producirse el traspaso de la Sanidad Penitenciaria  a las Comunidades Autónomas. Y según los profesionales, este es uno de los principales motivos del deterioro de la misma.

La situación actual pasa por peores condiciones laborales y en el empeoramiento de la calidad de la prestación de la asistencia sanitaria, destacando entre los problemas más graves el déficit de personal, que obliga, en el caso de las enfermeras, a asumir responsabilidades y funciones que no les corresponden.

Ante esta situación, el Sindicato de Enfermería, SATSE, y la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) se han dirigido, de manera conjunta, a los ministros de Interior, Sanidad y Política Territorial y Función Pública, así como al Defensor del Pueblo, para denunciar el progresivo deterioro de la Sanidad Penitenciaria y demandar su traspaso a las comunidades autónomas.

En dicho documento, se informa además a los distintos responsables del Gobierno que no se están cumpliendo los preceptos constitucionales de igualdad y equidad en la atención sanitaria entre las personas privadas de libertad por la existencia de numerosos problemas y deficiencias a los que sigue sin darse solución desde las diferentes administraciones públicas.

Cumplimiento legislativo

Por último, ambas organizaciones sindicales insisten a los distintos ministros del Ejecutivo central que, dentro de su ámbito de actuación, colaboren para llegar a los acuerdos pertinentes con los gobiernos autonómicos que posibiliten el traspaso de la Sanidad Penitenciaria a lo largo de la actual legislatura.

De esta forma, de producirse el traspaso, se daría cumplimiento al mandato contenido en la Disposición Adicional Sexta de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, y que debería haberse llevado a cabo en el plazo de 18 meses desde la entrada en vigor de esta norma, es decir, el 1 de diciembre de 2004.

Más allá de la cuestión legislativa, CEMS y SATSE recuerdan la importancia de proteger a los profesionales sanitarios, ya que su trabajo se desarrolla en un entorno laboral que reúne especiales condiciones de peligrosidad y penosidad, al atender y cuidar a un importante número de personas con problemas derivados del consumo de sustancias estupefacientes, enfermos mentales o pacientes que padecen enfermedades infectocontagiosas, entre otros ejemplos. Motivo por el cuál es aún más importante dotales de las condiciones laborales adecuadas.