Las promesas sanitarias que debe cumplir el nuevo Gobierno de Sánchez


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La vuelta de las navidades ha sido también la vuelta a la realidad política, y es que, tras meses de inestabilidad e incertidumbre, en esta tercera jornada de la Sesión de investidura, por fin Pedro Sánchez ha conseguido el apoyo suficiente para formar un nuevo gobierno.

En concreto, si bien en la primera votación Sánchez se quedaba en 166 síes frente a 165 noes, en esta segunda vuelta, conseguía 167 votos a favor y 18 abstenciones,  consiguiendo su objetivo de formar un gobierno progresista.  Se trata del margen más estrecho de la España constitucional, con los votos a favor del PSOE (120), Unidas Podemos y sus confluencias (35), PNV (6), Más País-Equo-Compromís (3) y los tres de los representantes de Teruel Existe, Nueva Canarias y Bloque Nacionalista Galego (BNG).

Si bien durante estos días se daban a conocer algunos de los futuros nuevos ministros, sobre todo los que vendrán de la mano de Podemos, aún no se ha dado a conocer quién ocupará el cargo en el Ministerio de Sanidad que, por otra parte, se desliga del Ministerio de Consumo, cuya cartera ostentará Alberto Garzón.

Sin embargo, Pedro Sánchez sí que ha adelantado algunas de sus líneas de acción en estas últimas jornadas. Así, cabe recordar que, durante el debate de investidura, el presidente del Gobierno anunciaba una medida reclamada por muchos agentes sanitarios: aumentar hasta el 7 por ciento del PIB la inversión en Sanidad. Si bien no se trata de una medida que entrará en vigor en este año, sino que se tratará de un aumento progresivo que culminaría en 2023.

Además de este anuncio, Sánchez ya recordaba a lo largo del periodo electoral algunas de sus propuestas en materia sanitaria, que no pudo cumplir debido a la no aprobación de los presupuestos, como era la eliminación de los copagos. La aplicación de esta medida también se realizará de forma progresiva, priorizando en primer lugar a los pensionistas y hogares en riesgo de vulnerabilidad. De la misma forma, se pretende incorporar, también de forma progresiva, la salud bucodental a las prestaciones del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Por otra parte, otras de las medidas sanitarias a las que el Gobierno de Sánchez prestará atención esta legislatura serán el potenciar la investigación en enfermedades raras y un plan de lucha contra el suicido y de atención a la salud mental.

Asimismo, tal y como exponía el propio Sánchez en el debate de investidura, se pretende avanzar en el diseño del marco estratégico de actualización de la Atención Primaria. Igualmente,  en su último discurso se mostraba claramente contrario a la gestación subrogada, defendiendo en cambio una “maternidad libremente decidida con una política de educación, prevención de embarazos no deseados, la facilitación de los últimos métodos anticonceptivos, la anticoncepción de urgencia y la interrupción voluntaria del embarazo a todas las mujeres y garantizando los tratamientos de reproducción asistida a todas las mujeres a través del Sistema Nacional de Salud”.

El pacto con Podemos

Por otra parte, la semana pasada también se daba a conocer el documento ‘Coalición progresista: un nuevo acuerdo para España’, que en 50 páginas analizaba todos los pactos entre Podemos y PSOE para lograr la formación del Gobierno. En el mismo, en materia de Sanidad se incluían un total de 14 puntos, que no solo contenían nuevas propuestas, sino que también buscaban dejar sin efecto algunas de las medidas contenidas por el RDL 16/2012 aprobado por el PP en el periodo de crisis económica, y que tantas controversias ha causado en el sector sanitario. El primero de estos puntos era asegurar la cobertura universal de la Sanidad, uno de los principios que ya puso en marcha Sánchez, de la mano de Carmen Montón, en el verano de 2018. En esta línea, Sánchez prometía  avanzar en el blindaje del modelo público sanitario con una apuesta por la gestión pública directa.

En cuanto a nuevas iniciativas, una de las cuestiones protagonistas era abordar la atención domiciliaria. Más específicamente, el texto hablaba de garantizar el acceso a la atención sanitaria a domicilio cuando no exista un centro de salud en la población.

De la misma forma, otro de los puntos fuertes era el de conseguir aprobar en esta legislatura la ley de eutanasia, cuya tramitación ha sido fallida en otras ocasiones. De hecho, la actual ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo, declaraba el pasado mes de diciembre que “es necesario despenalizar la ayuda prestada para morir y es necesario legislar para preservar que la decisión es autónoma, libre y justificada por la situación de padecimiento de la persona”. Una regulación que de hecho parece contar con el apoyo no solo se la sociedad en general, sino también de los profesionales sanitarios.

Además de todo lo mencionado, este documento también plantea el impulso de la renovación de la tecnología sanitaria; una apuesta por la digitalización sanitaria; la transparencia en la fijación de precios con la industria farmacéutica; desarrollar un sistema de atención temprana; mejorar los recursos para dotar el Fondo de Cohesión Sanitaria y, por último; mejorar las condiciones del personal sanitario, agilizando el proceso para garantizar el cumplimiento del II Acuerdo en materia de Sanidad e impulsando un programa de retorno para los profesionales sanitarios que salieron de España a causa de la crisis económica.

En breve se conocerá la composición del nuevo gobierno de coalición con Unidas Podemos y quién se encargará de la cartera del Ministerio de Sanidad, ocupado hasta ahora en funciones por María Luisa Carcedo.