La sanidad penitenciaria: maltratada en España

Como lleva años denunciando la institución que dirige Antón Basanta, la medicina penitenciaria se ha vuelto la gran olvidada de la Administración General del Estado. “España tuvo una sanidad penitenciaria extraordinaria, que fue referente en Europa y hasta en la Organización Mundial de la Salud (OMS), pero ahora está bajo mínimos”, asegura.

Con el desarrollo de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, en 2003, se estableció que la sanidad penitenciaria quedara integrada en un plazo de 18 meses en los correspondientes servicios de salud de las Comunidades Autónomas. “Pero en casi dos décadas los únicos que cumplieron con la norma fueron primero el País Vasco, después Cataluña y el año pasado Navarra. Los demás territorios todavía son gestionados por el Ministerio del Interior, cuya prioridad no es la sanitaria”, señala el cabeza de la SESP.

Además del prolongado retraso en la transferencia de competencias de su gestión a cada una de las comunidades, “tampoco contamos con médicos suficientes”, expone el experto. “Las prisiones se están quedando sin personal porque cobramos mucho menos que en otros ámbitos”, agrega. Además de la destacada diferencia de retribuciones con los profesionales sanitarios que trabajan directamente en el sistema público de salud, “si en España ya faltan médicos, solo hay que imaginar lo que enfrenta nuestro sector. Los sanitarios se van al extranjero o eligen otras especialidades. Como trabajar en la cárcel no tiene publicidad y encima los salarios son muy bajos, ¡la situación actual es un desastre!”, denuncia Antón Basanta, quien augura la extinción del relevo generacional para la clínica penitenciaria.

El acceso a esta rama sanitaria, dependiente de a la Secretaría de Servicios Penitenciarios del Ministerio de Interior, se logra a través de las plazas selectivas que cada año se convocan, dirigidas en su mayoría a las especialidades de Medicina Familiar y Comunitaria y Medicina Interna, y alrededor de un poco más 10 % a la Psiquiatría: trabajadores que cuando consiguen su plaza pasan a ser funcionarios de la Administración Central del Estado y cuyas funciones se encuentran reguladas por la Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP).

Pero en los últimos años no se han llegado a cubrir ni la mitad de las ofertas convocadas. “De las 80 plazas de oposiciones disponibles en la última convocatoria solo se presentaron 25 instancias”, detalla el presidente de la SESP. 

Las prisiones españolas deberían contar con equipos de Atención Primaria formados por sanitarios de las anteriores especialidades, así como enfermeros y auxiliares, que también acceden a sus puestos a través de convocatorias públicas. Pero la falta de candidatos para atender a los internos de las prisiones está llevando a las instituciones penitenciarias a recurrir a la sanidad privada con contratos temporales y poder prestar así atención a los casi 50.000 internos de los centros de reclusión españoles. 

Aunque el número de enfermeros que trabajan en las cárceles mejora —de un total de 623 plazas 93 quedaron vacantes este año, de acuerdo con los datos de Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip)— sus profesionales llevan años exigiendo que mejore su situación laboral. “Tienen peores condiciones que los médicos y les toca asumir muchas responsabilidades de estos últimos, atendiendo urgencias que no les corresponden”, aclara el presidente de la SESP.

La prevalencia de ciertas enfermedades en prisión

Aunque en las prisiones las enfermedades más prevalentes son aquellas vinculadas con la drogadicción y las condiciones de marginalidad, como las hepatitis y el VIH, las tasas de reclusos que viven con estas infecciones han ido disminuyendo considerablemente en los últimos años. “Antes, alrededor de un 30 a 40 % de los internos vivían con VIH, mientras que ahora solo lo hace el 5 %”, anuncia Antón Basanta. La tuberculosis es otra afección cuya prevalencia impacta más en la población de presión. “No obstante, su control en España es muy bueno y hay mecanismos robustos para evitar la propagación de esta infección, así como otras respiratorias”, asegura. Durante la primera y segunda ola de la pandemia por coronavirus, los centros penitenciarios no tuvieron infectados por COVID-19.

“Lo que sí está aumentado mucho son los trastornos mentales. Es una epidemia que afecta a toda la sociedad, pero en prisión lo vemos más. Cada vez llegan más reclusos con trastornos graves... En la mayoría de los casos no fueron atendidos en el exterior y acabaron entrando en prisión por alteraciones de conducta”, explica Antón Basunta.

Mejorar el abordaje de este tipo de enfermedades es precisamente uno de los principales retos que tiene por delante la medicina penitenciaria. “El objetivo es conseguir dar la mejor respuesta de atención a muchas personas que sufren enfermedad mental. Y que sea a tiempo para evitar que el problema se agrave”, asegura el presidente de la SESP.

No obstante, el desafío más grande de esta rama de la medicina es que se acabe integrando en el sistema de salud nacional, “con más personal y condiciones de trabajo que favorezcan tanto a los propios trabajadores como a la población que atendemos, caracterizada por una gran necesidad en materia de salud”, afirma Antón Basanta, cuyo propósito es “recuperar en las prisiones la calidad de atención que teníamos antes. Sin médicos suficientes no se puede hacer seguimiento de muchas patologías crónicas, escapándose diagnósticos graves. No es lo mismo detectar una tuberculosis en unos 15 días, desde que el paciente presenta síntomas, que demorarse hasta tres meses. Y lo mismo con los casos de diabetes, hipertensión o cáncer”, asegura el experto.

La Ley General Penitenciaria determina que una persona privada de libertad tiene el derecho a una asistencia sanitaria idéntica a la de cualquier otro ciudadano. “Algo que antes sí se cumplía, pero ya no. Posiblemente, esta garantía se pueda dar en comunidades como Cataluña y País Vasco, donde los servicios de salud autonómicos atienden a estos pacientes. En el resto de las comunidades no pasa”, denuncia Antón Basanta, concluyendo que “el déficit de la calidad de atención sanitaria penitenciaria está llegando al borde de la catástrofe”.