La reforma de AP, la planificación de RR.HH. y el copago, entre los temas pendientes de Sanidad


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María Luisa Carcedo, ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, ha anunciado la convocatoria el próximo 4 de marzo de un Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que se celebrará menos de dos meses antes de las elecciones generales anunciadas para el 28 de abril y un día antes de la disolución de las Cortes. El Consejo Interterritorial, según han confirmado diversas comunidades autónomas, abordará la situación del sector de la Primaria, aunque no como tema monográfico. Carcedo había mostrado su intención de aprobar el Plan de Atención Primaria en los próximos meses, si bien con el adelanto electoral es probable que el calendario de trabajo se detenga. La reforma de la Atención Primaria, la planificación de los Recursos Humanos y el copago son algunos de los temas que quedan como asignaturas pendientes del Ministerio de Sanidad.

Carcedo ha señalado que afronta las elecciones generales “con mucha ilusión y entusiasmo” y con un proyecto para “consolidar y actualizar” el Estado de Bienestar. Tras el anuncio de Pedro Sánchez de convocar elecciones generales el 28 de abril, la ministra ha intervenido en un acto con motivo del Día Internacional del Niño con Cáncer, donde ha defendido su gestión al frente del Ministerio y ha reivindicado las “importantes medidas” impulsadas durante los ocho meses de Gobierno socialista.

“Totalmente machacados”

Una visión mucho más negativa la ha aportado Tomás Toranzo, secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), quien ha criticado el discurso diferente que ha mantenido el Partido Socialista cuando estaba en la oposición y apoyaba las reivindicaciones de los médicos respecto a su actitud al frente del Gobierno. “Durante esta legislatura se ha producido un nuevo parón de todas las iniciativas relacionadas con los facultativos. En Atención Primaria solo se ha hecho propaganda electoral, porque la creación de los grupos de trabajo, teniendo en cuenta que el Gobierno está en funciones, solo servirá para hacer campaña”.

“Nuestros intereses han estado totalmente machacados en los últimos años, nadie toma ninguna decisión. El Ministerio no ha hecho absolutamente nada, ha pasado de nosotros. Esperemos que durante el debate electoral se pongan los problemas encima de la mesa, y que luego se tomen medidas”, ha deseado el secretario general de CESM.

En su opinión, el sistema sanitario, tanto durante la crisis como en la actualidad, ha conseguido mantener las cotas de calidad asistencial a pesar de los recortes gracias a la labor de los facultativos. “Estamos en una situación límite, y los profesionales harán crack. Tenemos una mala financiación del sistema, pero conseguimos que siga funcionando, sobre todo, gracias al esfuerzo de los profesionales sanitarios”, ha reivindicado.

La Sanidad, la principal afectada

También el presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Serafín Romero, ha avisado de que la Sanidad es la “principal afectada” por la convocatoria de elecciones generales el próximo 28 de abril. En su opinión, supone una “vuelta atrás” para todos los temas que estaban encima de la mesa del Ministerio de Sanidad, y que ahora se “paralizarán de nuevo”.

“Excepto la recuperación de la atención sanitaria universal, todos los demás proyectos, medidas y reformas vuelven a la casilla de salida, incluida la renovación de la Atención Primaria en España”, ha criticado Serafín Romero.

El presidente de la OMC ha hablado de los cambios que se han producido durante los últimos meses en el Ministerio de Sanidad, que tiene una “esperanza de vida media de seis meses y, en el mejor de los casos, no más de un año”, y ha recordado que en 2018 hubo tres ministras de formaciones políticas distintas, en alusión a Dolors Montserrat, del PP, y a Carmen Montón y la actual ministra, María Luisa Carcedo, del PSOE.

Temor por la inestabilidad

La inestabilidad que supone la convocatoria de unas nuevas elecciones generales es el principal temor que han mostrado los responsables de Sanidad de los sindicatos Comisiones Obreras y UGT. Además, en mayo también se celebrarán elecciones en muchas comunidades autónomas, lo que supone la paralización de prácticamente todos los proyectos que ahora están en fase de desarrollo, como el real decreto de formación de las especialidades sanitarias, la reestructuración de Atención Primaria o la suspensión del copago sanitario.

Antonio Cabrera, secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CC.OO, ha mencionado también la creación de las especialidades de Enfermería o la recuperación de la financiación sanitaria. Por su lado, Gracia Álvarez, secretaria de Salud, Sociosanitarios y Dependencia de FeSP-UGT, ha añadido el posible agravamiento de la situación actual de crisis y la falta de médicos en Atención Primaria.

Las centrales sindicales confían en que los acuerdos alcanzados en la etapa de Mariano Rajoy en 2017 no sufran ninguna modificación, como así ha sucedido durante la Presidencia de Pedro Sánchez. Gracia Álvarez ha valorado de forma positiva la gestión sanitaria realizada por el Gobierno socialista, como la devolución de la asistencia universal al Sistema Nacional de Salud o la intención de aumentar la partida destinada a Sanidad en su fallido proyecto de proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2019.

Antonio Cabrera ha hecho un balance menos positivo, ya que se han producido “más anuncios que hechos concretos”, y ha lamentado que no se haya convocado en más ocasiones a la Mesa del Ámbito para abordar con ellos los problemas a los que se enfrenta el sector sanitario español.

Oferta de empleo público

Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha pedido continuidad al Gobierno para cumplir con la agenda de mejoras que reclaman el conjunto de empleados públicos, “tras los sacrificios realizados durante la crisis económica”, y ha mencionado la oferta de empleo público y la ampliación del permiso de paternidad a ocho semanas. Además, ha solicitado a todos los grupos parlamentarios que “apuren todas las opciones y en todo caso se marque una agenda clara para mejorar las condiciones laborales y salariales en las administraciones públicas”.

CSIF ha registrado recientemente en el Congreso de los Diputados una serie de enmiendas al proyecto de Ley en materia de retribuciones en el sector público, y prevé que ante el adelanto electoral y la disolución de las Cortes no va a ver la luz. Las enmiendas se refieren a la recuperación de la estructura salarial previa a la bajada realizada por el Gobierno de Zapatero en 2010 (entre el 5 y el 10 por ciento de media); la negociación de las 35 horas con independencia del cumplimiento de los objetivos del déficit o el desarrollo de la carrera profesional en la Administración General del Estado.