La presión judicial condiciona el ejercicio profesional de los médicos de Urgencias


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La mayoría de los médicos consideran que en los últimos años la presión en relación con las posibles denuncias o demandas judiciales ha condicionado su práctica profesional, incluso en aspectos concretos como la realización de muchas más pruebas diagnósticas de las necesarias o al alargar innecesariamente los tiempos de estancia de los pacientes ya diagnosticados. Para un gran porcentaje de los profesionales, la presión judicial motivada por las demandas de los pacientes ha experimentado un gran incremento en los últimos años, y el apoyo institucional es escaso.

Son datos obtenidos en una encuesta realizada en 2017 a nivel nacional entre médicos de Urgencias, cuyos resultados han sido recogidos en el Estudio “La práctica médica en los Servicios de Urgencias Hospitalarios” y analizados este martes en Madrid. En él se abordan las consecuencias de la Medicina defensiva e iatrogenia en los pacientes desde el punto de vista de los profesionales. El objetivo era conocer la percepción de los facultativos sobre la situación de los Servicios en relación con la presión judicial y su condicionamiento en la práctica médica, el apoyo institucional y médico tras las denuncias, y la formación y conocimientos médicos-legales. El Estudio ha sido elaborado conjuntamente por la Organización Médica Colegial (OMC) y las Sociedades Españolas de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) y de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS).

Durante el acto, Serafín Romero, presidente de la OMC ha insistido en la necesidad de disponer de un baremo de daño sanitario (“importante para paliar los efectos derivados de esta Medicina defensiva”), y Sebastián Martínez, coautor del Estudio, representante de la SEMES y presidente del Colegio de Médicos de Zamora, ha reivindicado la creación de la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias (“muchos de estos problemas se solventarían”).

Presión y Medicina defensiva

La encuesta para la obtención de los datos del Estudio fue realizada entre cerca de 1500 médicos de Urgencias de todo el territorio nacional, en su mayoría de hospitales públicos (87,1%) y con menos de 500 camas (64,9%). Con respecto al sexo, un 50,2% de los entrevistados fueron mujeres.

Entre los resultados, un 91,3% de los consultados opina que la presión judicial ha aumentado claramente en los últimos años: por edades, lo piensa el 94,7% de los menores de 35 años frente al 87,7% de los mayores de 50; y por sexos, un 93,9% de mujeres frente al 88,5% de hombres. También es prácticamente unánime la consideración de que una posible demanda judicial condiciona su práctica médica: para el 88,7% de los médicos de Urgencias el ejercicio profesional está mucho o bastante condicionado por posibles denuncias.

En relación con la realización de pruebas diagnósticas de utilidad dudosa como prevención ante posibles problemas legales con los pacientes, cerca del 90% de los consultados considera que viene realizándose Medicina defensiva, y más del 60% cree que se alargan de forma innecesaria los tiempos de estancia de los pacientes ya diagnosticados por prevención ante posibles problemas legales.

Poco apoyo institucional

Los médicos consultados creen que cuentan con poca protección por parte de las instituciones sanitarias ante problemas legales con los pacientes, pero sí cuentan (lo afirma un 67%) con la comprensión o solidaridad del resto de compañeros del Servicio. Dicen tener pocos conocimientos médicos-legales para afrontar la mayoría de problemas que puedan presentarse (77%), y de forma abrumadora (96%) piensan que se debería potenciar esa formación. Ante las consecuencias que puedan derivarse de las denuncias de un paciente, el 60% opinan desconocerlas.

Por otro lado, un 54% afirman haber recibido reclamaciones ante los servicios de atención al paciente o de inspección sanitaria, y un 24% denuncias o demandas judiciales por un paciente ante los tribunales.

Importancia del Estudio

Durante el acto, Beatriz González López-Valcárcel, presidenta saliente de SESPAS, se ha referido a la iatrogenia más allá de problema clínico: estamos ante un “problema de salud pública”, y Andreu Segura, coautor del Estudio, ha hecho hincapié en la importancia de conocer la percepción de los médicos respecto de la Medicina defensiva en relación con la evolución que han podido tener en su práctica profesional. En su opinión, la Medicina defensiva pretende prevenir las consecuencias de eventuales reclamaciones que los pacientes puedan plantear; pero esa protección plantea un problema deontológico al tratarse de un ejemplo de conflicto de intereses: se sitúa por delante el interés secundario del primario, que sería el beneficio del paciente. La Medicina defensiva consiste en actuaciones o decisiones que no tienen como propósito principal el beneficio del paciente, lo que desde el punto de vista moral no es aceptable. Pero, además, -continúa – acarrea un problema, al tener consecuencias directas sobre el funcionamiento de los servicios, porque los recarga; e incluso es uno de los factores de riesgo de la iatrogenia ya que, al proponer una sobreutilización, se exponen al sobrediagnóstico y sobretratamiento.