La gran mayoría de los presos españoles con trastorno mental grave están en centros penitenciarios ordinarios y no en establecimientos sanitarios

Un grupo de expertos de la Sociedad Española de Psiquiatría Legal y de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria acaba de presentar el Libro Blanco sobre la atención sanitaria a personas con trastornos mentales graves en los centros penitenciarios en España, donde pone de manifiesto que la asistencia sanitaria de las personas judicializadas con trastornos de salud mental representa un serio problema social y de salud pública. 

“Las personas que están en prisión con trastorno mental grave son tratados en los mismos centros penitenciarios por los médicos de prisiones y por los psiquiatras consultores que van algún día a la semana, o cada quince días, o consultan por telemedicina. En las prisiones ordinarias no hay psiquiatras en plantilla”, señala a Univadis España la Dra. Ángeles López López, especialista en psiquiatría legal, revisora experta del Libro Blanco y psiquiatra durante 36 años en el Centro Psiquiátrico Penitenciario de Fontcalent (Alicante). Según refleja el Libro Blanco, España es uno de los países con ratio de especialistas de psiquiatría (12 psiquiatras por 100.000 habitantes) más bajas de Europa (entre 18 y 20 psiquiatras por cada 100.000 habitantes). En palabras de la especialista, esto genera una mala atención sanitaria, muchos problemas de convivencia y más recaídas y deterioro en la salud de los presos. “Además, también hay falta de médicos de atención primaria en prisiones porque tienen peores condiciones laborales”, apunta.

Salud mental en las prisiones

La gran mayoría de los internos con trastorno mental grave están en centros penitenciarios ordinarios y no en establecimientos sanitarios: 393 en hospitales psiquiátricos penitenciarios y 1.392 internos en centros penitenciarios ordinarios, según datos del Libro Blanco. En España, coexiste un modelo tradicional junto a modelos innovadores en distintas comunidades autónomas (Cataluña, País Vasco y Navarra) debido fundamentalmente al hecho de haberse producido, o no, la transferencia de competencias de sanidad penitenciaria. Actualmente, solo hay dos hospitales psiquiátricos penitenciarios, en Alicante y Sevilla, para catorce comunidades autónomas, lo que supone una importante dispersión geográfica de las personas internas que imposibilita la permanencia en el entorno familiar, el fortalecimiento del arraigo y el éxito del tratamiento y la rehabilitación. “Transferir las competencias ayudaría muchísimo porque cada enfermo mental estaría cerca de su lugar de residencia y la asistencia médica sería mejor. En 2003 se acordó que en 18 meses se haría la totalidad de las transferencias y en 2023 solo hay tres comunidades que lo han hecho”, apunta la psiquiatra Ángeles López. 

El trastorno mental grave dentro de la prisión es un concepto más amplio que en la población general por las repercusiones que tiene. “Por ejemplo, un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, fuera de prisión, no es considerado un trastorno mental grave, pero dentro de la prisión puede llevar a pelearse con el resto de las personas. Las prisiones son un amplificador del trastorno mental de la sociedad: la depresión dentro de prisión es más grave y la tasa de suicidios es ocho veces más elevada”, explica a Univadis España el Dr. Álvaro Muro Álvarez, psiquiatra en el Centre Penitenciari Quatre Camins de Barcelona y miembro de la Sociedad Española de Psiquiatría Legal.

El Libro Blanco también pone de manifiesto el alto consumo de fármacos antipsicóticos en las prisiones –lo que aumenta el gasto farmacéutico– y la necesidad de desprescripción. “En las prisiones ordinarias la medicación se da para toda la semana, mientras que en el psiquiátrico penitenciario los tratamientos se administran en el desayuno, la comida y la cena, de forma supervisada. Esto da lugar a que en las prisiones ordinarias haya más posibilidad de que se use la medicación para un uso inadecuado, como el trapicheo entre los presos. Es necesario más personal para que hagan supervisiones más periódicas y controlen la administración de la medicación de forma más personalizada”, añade la psiquiatra Ángeles López.

Modelos innovadores de atención

Los modelos innovadores están implementados en Cataluña (competencias transferidas en 1983), País Vasco (en 2011) y Comunidad Foral de Navarra (en 2021) que asisten al 17 % del total de la población penitenciaria. “El modelo catalán tiene toda una red psiquiátrica que es igual que la red civil, pero replicada para las personas que están dentro de prisión. Es decir, tenemos hospitales propios con servicios de agudos, subagudos y rehabilitación para las personas que están privadas de libertad. También tenemos centros de salud mental distribuidos en todas las prisiones. Todo enfermo mental que está en prisión es atendido dentro de Cataluña, no sale de Cataluña”, expone el Dr. Álvaro Muro Álvarez, uno de los creadores de la Red de Psiquiatría Penitenciaria de Cataluña. El sistema sanitario catalán de atención a la salud mental está dentro de la cárcel y depende del Departamento de Salud. Según explica este especialista, la clave reside en que este sistema de atención depende del Departamento de Salud y no del de Justicia e Interior. “Nuestros centros son jurídicamente hospitales con acreditación del Departamento de Salud, cosa que no tienen los modelos de enfermerías de las prisiones donde funcionan con el método tradicional”. 

Los nuevos modelos innovadores de atención mejoran la asistencia porque cuentan con más recursos sanitarios y también la seguridad porque no tienen que trasladar a los presos fuera de su comunidad. “Aquí cuando el médico detecta un problema, por ejemplo en una persona con esquizofrenia, nos hace una interconsulta y lo vemos en el día. Cuando necesitan ingresar van al hospital de psiquiatría que tenemos en el centro penitenciario Brians 1, que es para toda la red psiquiátrica de Cataluña, en lugar de salir a un hospital civil donde los tienen esposados en urgencias o custodiados en las camas. Allí hay una unidad de agudos con un psiquiatra las 24 horas y con personal sanitario las 24 horas. Y cuando están estabilizados vuelven al módulo donde los sigue el Centro de Salud Mental”, explica Álvaro Muro. 

Esta diferencia en la atención sanitaria entre las diferentes comunidades autónomas, en palabras del doctor Álvaro Muro, plantea un problema de equidad: “La persona está privada de libertad, pero no de asistencia sanitaria. Tiene que tener los mismos derechos sanitarios que el que está fuera de prisión. ¿Por qué la persona que está en la cárcel no tiene el mismo derecho a ser atendido sanitariamente que el que está fuera? ”.