La futura ley de la eutanasia en España

  • Carlos Sierra, PhD

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Según el artículo 15 de la Constitución Española, todos los ciudadanos españoles “tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral”. Sin embargo, el derecho individual a decidir cuándo poner fin, de manera digna, a la vida no está recogido en ninguna ley. Al contrario, la eutanasia y el suicidio asistido es ilegal y está penado, como se recoge en el artículo 143 del Código Penal Español de 1995, con penas de prisión de cuatro a ocho años por la inducción al suicidio, de dos a cinco años por cooperación, y de seis a diez años por ejecución de la muerte.

Pero esto está en vías de cambiar. El 17 de diciembre el Congreso de los Diputados aprobó por una mayoría de 198 votos a favor (PSOE, Unidas Podemos, BNG, ERC, Junts per Catalunya, Más País, Bildu, PNV, Nueva Canarias, Coalición Canaria, CUP y Ciudadanos), 138 en contra (PP, Vox y UPN) y 2 abstenciones (Teruel Existe y un diputado de Junts per Catalunya) una proposición de ley para regular el derecho a la eutanasia y a una muerte digna. Esta amplia mayoría representa la posición de la sociedad española, ya que gran parte de los españoles apoyan la despenalización de la eutanasia, así como su legalización para enfermos terminales –un 87% según la encuesta de Metroscopia de 2019. 

No es el propósito de Univadis España argumentar a favor o en contra de esta ley, sino el explicar cuáles serán los siguientes pasos para su aprobación y cuáles serán los criterios para su aplicación.

Tramitación de la ley 

El próximo paso será la discusión de esta proposición de ley en el Senado, en donde todo indica que también será aprobada. Una vez conseguida esta más que probable segunda aprobación, lo esperado es que no vuelva a la Cámara Baja, ya que el texto votado por ella en diciembre cuenta con enmiendas de casi todos los grupos parlamentarios. En este escenario, la proposición pasará directamente de la Cámara Alta al Boletín Oficial del Estado (BOE) y entraría en vigor tres meses después de su publicación, por lo que la eutanasia podría ser legal en España a partir de mayo. En el hipotético caso de que hubiese de volver al Congreso para incorporar alguna enmienda adicional, su legalización no sería efectiva hasta junio.

Sea cual sea el escenario, todo indica que en 2021 España será el sexto país del Mundo y el cuarto de Europa en legalizar la eutanasia. Una vez esté en vigor, aquellas personas mayores de edad que padezcan una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante que cause "un sufrimiento físico o psíquico intolerable" sin posibilidad de curación o mejoría podrán solicitar ayuda médica para morir, prestación que se incluirá en el Sistema Nacional de Salud.

Claves de la futura ley

Entrando en los detalles de la proposición de ley, lo primero es explicar cómo se define eutanasia: “Eutanasia activa es la acción por la que un profesional sanitario pone fin a la vida de un paciente de manera deliberada y a petición de este, cuando se produce dentro de un contexto eutanásico por causa de padecimiento grave, crónico e imposibilitante o enfermedad grave e incurable, causantes de un sufrimiento intolerable”. Dentro del “contexto eutanásico” se incluyen “tanto la eutanasia propiamente dicha, es decir, la administración directa al paciente de una sustancia por parte del profesional sanitario competente, como la prescripción o suministro al paciente por parte del profesional sanitario de una sustancia, de manera que el solicitante se la pueda autoadministrar para causar su propia muerte”. En ambos casos, tanto el médico como el resto de profesionales sanitarios estarán con el paciente hasta el momento de su fallecimiento, y el proceso podrá realizarse en un centro sanitario, sea público o privado, o en el domicilio del enfermo.

La eutanasia la podrá solicitar “cualquier persona mayor de edad y en plena capacidad de obrar y decidir, siempre que lo haga de forma autónoma, consciente e informada”. Debe tener la nacionalidad española, residencia legal en España o certificado de empadronamiento que acredite un tiempo de permanencia en territorio español superior a doce meses. Si la persona no está consciente, puede recibirla si ha “suscrito con anterioridad un documento de instrucciones, testamento vital, voluntades anticipadas o documentos equivalentes legalmente reconocidos, en cuyo caso se podrá facilitar la prestación de ayuda para morir conforme a lo dispuesto en dicho documento. En el caso de haber nombrado representante en ese documento, este será el interlocutor válido con el médico responsable”. Si hubiera testamento vital, pero este no nombra un representante legal, “el médico responsable podrá presentar la solicitud de eutanasia”. A diferencia de Bélgica, los menores de edad no pueden solicitarla.

Procedimiento

El procedimiento para solicitar la eutanasia constará de dos solicitudes. La persona demandante ha de presentarlas de manera voluntaria y por escrito, dejando una separación de, al menos, quince días entre ambas, aunque el médico puede acortar este plazo si cree que existe un riesgo "inminente" de "pérdida de la capacidad" del enfermo para otorgar el consentimiento informado. El solicitante podrá revocar o pedir el aplazamiento de la solicitud en cualquier momento.

A su vez, el médico responsable y los profesionales sanitarios directamente implicados pueden alegar objeción de conciencia y negarse a participar en el proceso. Esta negativa “deberá manifestarse anticipadamente y por escrito”. Es deber de la Administración sanitaria velar para que la renuncia de los sanitarios no menoscabe “el acceso y la calidad asistencial de la prestación”, por lo que ha de garantizar que el paciente sea tratado por otros profesionales sanitarios.

Una vez recibida la primera solicitud, el médico responsable, en el plazo máximo de dos días, realizará con el paciente un proceso deliberativo sobre su diagnóstico, posibilidades terapéuticas y resultados esperables, así como sobre posibles cuidados paliativos, hecho que se repetirá tras la segunda solicitud.

Tras ese proceso se volverá a preguntar a la persona si desea desistir o continuar con su solicitud. En caso afirmativo, el médico responsable deberá consultar entonces el caso con un médico especialista ajeno al caso en un plazo máximo de 24 horas, que tendrá un intervalo de 10 días para corroborar el cumplimiento de las condiciones. Si este segundo profesional médico también da su visto bueno, la solicitud habrá de enviarse al presidente de la Comisión de Garantía y Evaluación de su Comunidad Autónoma en un máximo de 3 días. Este designará, en el plazo máximo de dos días, a dos miembros de la misma, un profesional médico y un jurista, para que verifiquen si se cumplen los requisitos previstos en la ley.

Estos dos profesionales contarán con siete días para evaluar la petición y dos más para emitir el informe que se trasladará al presidente y este, a su vez, lo pondrá en conocimiento del médico responsable. Si esta es positiva, el presidente la trasladará al médico responsable, que la llevará a cabo “con el máximo cuidado y profesionalidad por parte de los profesionales sanitarios, con aplicación de los protocolos correspondientes, que contendrán, además, criterios en cuanto a la forma y tiempo de realización de la prestación”, según la ley, que no fija un plazo. En caso de que la resolución de la Comisión fuese desfavorable, esta podría ser recurrida ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Sumando todos los plazos, pueden pasar como máximo 42 días desde la primera solicitud hasta que el médico reciba el visto bueno. 

Una vez realizada la eutanasia, el médico responsable tiene cinco días para remitir a la Comisión de Garantía y Evaluación dos documentos. El primero recogerá los datos del paciente, del médico responsables y del consultor externo, el documento de instrucciones previas si lo hubiera, y la identificación de la persona que presentó la solicitud en caso de que el paciente estuviese en situación de incapacidad. En el segundo se detallará el proceso, el tiempo transcurrido desde la petición de eutanasia hasta la muerte, descripción de la patología y del sufrimiento, razones por las cuales se consideraba que no tenía perspectivas de mejoría, información sobre la voluntariedad y la reflexión realizada y garantías de que no hubo presiones externas.

La Comisión de Garantía y Evaluación

La Comisión de Garantía y Evaluación es la mayor diferencia entre la futura ley española y las existentes en Europa (Holanda, Bélgica y Luxemburgo), que basan la decisión en el criterio del médico del paciente y de dos médicos externos. Cada Comunidad y cada Ciudad Autónoma tendrán su comisión con su propio reglamento de orden interno, y la ley solo establece que su composición “tendrá carácter multidisciplinar y deberá contar con un número mínimo de siete miembros entre los que se incluirán personal médico y juristas. El Ministerio de Sanidad y los presidentes de las Comisiones de Garantía y Evaluación de las Comunidades Autónomas se reunirán anualmente, coordinador por el Ministerio, para homogeneizar criterios e intercambiar buenas prácticas en el desarrollo de la prestación de eutanasia en el Sistema Nacional de Salud”.