La FADPS afirma que los presupuestos sanitarios consolidan las desigualdades interterritoriales

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La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) ha lamentado el “escaso y muy mal repartido” presupuesto sanitario de las comunidades autónomas. Argumentan que este promueve que se mantenga la “insuficiencia financiera global” del sistema sanitario. Además, consolida las “desigualdades interterritoriales”.

En concreto, se ha producido un crecimiento de los presupuestos sanitarios per cápita respecto a 2022 en promedio (129,24 euros, un 7,69 por ciento más). Pese a ello, este crecimiento sigue siendo insuficiente para las necesidades del sistema sanitario.

En este sentido, la FADSP ha reclamado un aumento de 1.000 euros per cápita. Si bien, el mismo significa que se seguirá estando “por debajo” de la media de los países de la UE en gasto sanitario per cápita y “muy por debajo” de los países del euro.

Desigualdades interterritoriales

Analizando las desigualdades interterritoriales, se observa que el mayor presupuesto per cápita es el de Asturias (2.133,13 euros). Sin embargo, el menor el de Madrid (1.446,13 euros). Así ocuparía este puesto por cuarto año consecutivo. Incluso, a pesar de que Cataluña tiene unos presupuestos prorrogados. La ratio máximo/mínimo es de 1,47. Es decir, algo menor que el año pasado e igual a la de 2019.

“De nuevo las diferencias son excesivas, 687 euros por habitante entre la comunidad autónoma que más dedica y la que menos presupuesta”, exponen desde FADSP. Estas cifras evidencian importantes desigualdades interterritoriales que dificultan que se puedan proveer los mismos servicios sanitarios, en cantidad y/o en calidad.  Todo ello, rompe con la necesaria equidad y cohesión entre las comunidades.

Por todo ello, la FADSP ha destacado la necesidad de que se realice un esfuerzo presupuestario para reforzar la Sanidad Pública. Igualmente, piden mecanismos de financiación finalistas que permitan reducir estas desigualdades interterritoriales y garantizar el derecho constitucional a la protección de la salud.