La burocracia quita la humanidad de la Medicina

  • Ángel Benegas Orrego

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Ya hace más de un año que la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia, entró en vigor. Esta ley, conocida en el ámbito médico como LORE, tan garantista y humana solicitada durante muchos años por la sociedad española, tenía luz verde en el órgano legislativo y consultivo del país. Si bien es necesario recordar que en su redacción e interpretación no se pidió ningún tipo de colaboración al colectivo médico del país, aún con la responsabilidad que tendríamos en la ejecución de la misma. 

Esta ley indica los casos que son subsidiarios de estas prestaciones de ayuda para morir, establece las figuras médicas y sanitarias que interactuaran en la ejecución de esta y marca los plazos legales para cada una de las fases que componen la petición de eutanasia. 

¿Qué dice la ley acerca del flujo de información en la eutanasia?

Establece una serie de fases o pasos, con sus respectivos tiempos, para poderse llevar a ejecución. 

La primera fase, que no debe durar más de dos días, establece la elección por parte del solicitante del médico responsable. La figura del médico responsable ha sido definida por la propia ley e incluso, en ámbitos médicos, por la Organización Médica Colegial como el médico que, elegido por la persona que solicita la prestación, será el encargado de recibir, evaluar y avanzar la solicitud que el solicitante presenta. 

Esto no debe suponer un problema de entendimiento, excepto si añadimos a esta ecuación la objeción de conciencia, ese derecho del profesional sanitario para, por alguna razón de cualquier índole, evitar realizar el tratamiento al paciente que tenemos delante. 

Hace unos días los españoles leíamos en uno de los diarios más importantes del país, la noticia que llevaba como titular: “Un sevillano que solicitó la eutanasia recurre al suicidio ante la falta de protocolos claros por parte de la administración”. 

Síi esto ha pasado en España, uno de los siete países del mundo que tienen despenalizada la práctica de este tipo de prestaciones. 

¿Cómo es posible que, un año después de su entrada en vigor, las administraciones aún no tengan establecidos los protocolos necesarios para la ejecución de la prestación? ¿Hay algún tipo de interés, desconocido por el resto de la sociedad, en que esto siga ocurriendo?

La respuesta a las preguntas anteriores parecen claras y contundentes. En un año trabajando por el Sistema Sanitario y por las prestaciones a las que tenemos acceso da tiempo, más que de sobra, a establecer protocolos y guías, a proporcionar formación sobre el tema en cuestión a los sanitarios implicados y a dar a conocer a la sociedad las características de la prestación en cuestión. 

¿Estamos vulnerando lo recogido en la famosa, y temida, Ley 41/2002 reguladora de la autonomía del paciente? Parece ser que de alguna forma sí. No estamos dejando que los pacientes, motores básicos y esenciales del Sistema Sanitario, elijan su forma de morir de acuerdo con su proyecto biográfico. Una persona tiene derecho a elegir el cómo y el quién, el cuándo y, bajo mi opinión, como médicos no deberíamos entrar en ese tipo de detalles. 

¿Estamos los médicos desacatando nuestro Código Deontológico? Podría ser. La objeción de conciencia es un derecho, y una herramienta, que nos aporta seguridad en nuestro ejercicio profesional. No podemos dejar de informar al paciente acerca de cualquier proceso o procedimiento, patología o estado por el hecho de no estar de acuerdo con la situación que éste ha tomado. La información es el bien más preciado que tenemos como médicos, que tanto marca la relación médico-paciente y, desgraciadamente en numerosas circunstancias, la estamos echando a perder. 

Con todo esto solo me queda decir que debemos ser consecuentes con nuestros actos. Cuando un paciente acude a nosotros por cualquier causa, debemos escucharle e informarle. La objeción de conciencia, bajo mi humilde punto de vista, solo es posible en el momento de ejecución de la prestación, ya cuando las tareas de información y asesoramiento al paciente de las características y consecuencias de la solicitud que está firmando hayan finalizado. Me resulta injusto no poder dar forma a la muerte de la forma en la que el paciente lo solicita ya que él es el único que puede y debe elegir acerca de la misma. 

Angel Benegas Orrego
Médico General.