FACME reclama más protagonismo de las sociedades científicas en la política farmacéutica


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No es la primera vez que la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME) expresa su preocupación por la aparición de instrucciones, informes y decisiones administrativas sobre medicamentos, que no han contado con audiencia pública previa, ni mucho menos con la participación o consulta a los representantes de los médicos,  que al fin y al cabo son los que conocen los medicamentos sobre los que se decide y quienes asumen la responsabilidad de la prescripción a los pacientes. Ante esta situación, FACME ha decidido emitir un comunicado para reclamar mayor participación de los médicos y las sociedades científico-médicas en las decisiones sobre financiación y uso de los medicamentos en el SNS.

Según exponen, esta mayor implicación supondría reforzar la autoridad de estas decisiones y el funcionamiento del binomio médico-paciente en cuestiones de tratamiento. Concretamente, de los documentos que han aparecido sin consulta a las sociedades científico-médicas destacan dos: el relativo a la prescripción médica de medicamentos autorizados y no incluidos en la prestación del SNS y el plan de acción para fomentar la utilización de los medicamentos biosimilares y genéricos, denominados “reguladores del mercado”, en el SNS.

En palabras de Cristina Avendaño-Solá, presidenta de la Sociedad Española de Farmacología Clínica (SEFC) y portavoz del Grupo de Medicamentos de FACME, “nos hemos posicionado públicamente frente a numerosos informes, planes de acción, decisiones administrativas, procedimientos, etcétera no solo reclamando una mayor participación médica sino también una comunicación pública general a profesionales sanitarios, pacientes y ciudadanos tanto de las decisiones tomadas como del informe de justificación que avala cada una de ellas”.

La necesidad de análisis

No se trata de una cuestión de actores, sino de una mayor necesidad de análisis y de miradas expertas en cuestiones que afectan de lleno a la salud de los pacientes. Todo ello teniendo en cuenta que “Las sociedades científico-médicas estamos completamente alineadas con el objetivo de conseguir la mayor eficiencia posible con los recursos asignados y consideramos imprescindible mantener y perfeccionar el funcionamiento de la financiación selectiva en nuestro modelo”, como reitera la presidenta de la SEFC.

De esta forma su argumento es que los médicos, conocedores de las enfermedades y expertos en el manejo integral de los pacientes a los que se dirige el medicamento, deben participar en la evaluación de la efectividad de los medicamentos y deben comprender por qué las decisiones finales coinciden o no con las condiciones aprobadas en las fichas técnicas o en los informes de posicionamiento terapéutico de los medicamentos. “Una remisión genérica a los fundamentos legales o administrativos o a la sostenibilidad del sistema, si no se acompaña del análisis y justificación específica, no es válida para avalar decisiones complejas que van más allá del precio del medicamento y que afectan tanto a la práctica médica como a la atención que reciben los pacientes”, concluye Avendaño-Solá.