El PP registra en el Congreso un texto para volver a limitar el acceso sanitario a los inmigrantes


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El pasado julio, una de las primeras medidas que el Gobierno de Pedro Sánchez tomaba en materia sanitara era volver a regular el acceso al Sistema Nacional de Salud, en lo que se entendió como una “universalización de la Sanidad”, que modificaba el RDL 16/2012, entre otras cuestiones, para permitir el acceso a las personas en situación irregular. Este texto se convalidó en el Congreso en septiembre, a pesar del voto en contra del PP y la abstención de Ciudadanos, y actualmente se tramita como un proyecto de ley en la Cámara baja.

Sin embargo, el Partido Popular ha vuelto a reabrir el debate con una nueva propuesta. En concreto, ha presentado en el Congreso de los Diputados un texto alternativo al decreto ley de acceso al Sistema Nacional de Salud (SNS), con el que pretende limitar este servicio a los extranjeros que no tengan su situación regularizada en España.

En concreto, se trata de la redacción de un artículo que precisa que los extranjeros no registrados no autorizados como residentes en España, recibirán asistencia sanitaria “de urgencia por enfermedad grave o accidente”, hasta su alta médica; “de asistencia al embarazo, parto y postparto” o en cualquier caso si se trata de un menor de 18 años. En esa situación, recoge la norma, “recibirán asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles”. Todo ello pese a que en su momento ya se advirtió de que la atención directamente en Urgencias resulta más costosa al sistema que en Atención Primaria.

Del mismo modo, incluye un nuevo capítulo que, bajo el título “Prestación de asistencia a los extranjeros no registrados ni autorizados como residentes en España”, en el que explica que aquellos que accedan al SNS, en los supuestos anteriormente mencionados, sólo podrán recibir asistencia en la comunidad autónoma en la que se produzca la consulta, sin que se extienda a otras regiones, salvo cuando sea preciso para una adecuada atención.

Cabe recordar que actualmente, el articulado de la ley aprobada especifica que “las personas extranjeras no registradas ni autorizadas como residentes en España tienen derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria en las mismas condiciones que las personas con nacionalidad española”  que este servicio corre a cargo de los fondos públicos de las autoridades competentes.