El pasaporte inmunitario y los “inmunoprivilegiados”: ¿un dilema tecnológico o una controversia ética?


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Entre los sistemas que se han tenido que idear para controlar la propagación del coronavirus, algunos de los más originales -entendiendo por esto algo que antes no se había usado- tienen que ver con la utilización de los teléfonos móviles como instrumento de ayuda para intentar limitar los posibles contagios o conocer su dinámica de extensión. 

En esta misma sección ya hemos hablado de varias de las aplicaciones basadas en la tecnología móvil que han surgido, algunas apresuradamente, durante esta crisis. Si tuviéramos que clasificarlas podríamos hacerlo en tres categorías principales.

En primer lugar, los modelos que inicialmente se pusieron en marcha en China, Corea del Sur o Israel, que permitían asignar un código de identificación personal (generalmente en formato QR) que servía para trazar los posibles contactos previos, y que se podía usar como salvoconducto. Son sistemas de identificador único, que cotejan en tiempo real si alguno de nuestros contactos sociales han devenido en paciente de Covid-19, y que pueden asociarse a un sistema de notificaciones que informa de una posible infección en el entorno. Así como en China los han usado para autorizar movimientos de la población, en Israel son la base de un sistema de avisos personalizados.

En realidad, estos sistemas se probaron en la anterior crisis del SARS, e incluso algunos países como Corea del Sur aprobaron hace un par de años legislaciones que permitían a la autoridad sanitaria cruzar diversas fuentes de datos de carácter personal (incluyendo la geolocalización del móvil, o los sitios en los que se había empleado una tarjeta bancaria), al efecto de definir los movimientos exactos de las personas. En estos modelos, obvio es decirlo, se supeditan muchos derechos de protección de la intimidad y de la información de carácter personal a un interés comunitario: la actuación rápida ante un epidemia.

En segundo lugar, hay aplicaciones ideadas para que sus usuarios contribuyan a construir los sistemas de alerta, reportando de manera anonimizada la eventualidad de los posibles síntomas que estén experimentando. Se suelen asociar a los llamados “symptom checkers”, herramientas de autodiagnóstico. 

Con los datos que se van acumulando en tiempo real se puede trazar un dibujo de la progresión de la onda epidémica de acuerdo con su extensión poblacional, o también generar alertas tempranas, antes incluso de que las autoridades obtengan la información de sondeos epidemiológicos o fuentes clínicas. Este tipo de herramientas no identifican la información de carácter personal, sino que utilizan grandes cantidades de datos anónimos en origen. 

En tercer lugar, encontramos también modelos más sofisticados que lo que pretenden es que el móvil alerte de la posibilidad de un contacto potencialmente transmisor. Esta idea es la que algunos países como Alemania están considerando para la llamada fase de desescalado, y se basa en dos elementos. Uno, el identificador único que ha de permitir que una aplicación del móvil recoja la información correspondiente a cada persona, tanto su estatus inmunológico (mediante un test previo) como de la traza de contactos que ha tenido en los últimos días. Lo segundo es un sistema de contacto virtual con otros usuarios -o por decirlo mejor, con sus móviles- a través de geolocalización o bluetooth. 

De esta forma, se limitan los riesgos mediante una red inteligente de información sobre el entorno real. Como ya explicamos en otros artículos, se han desarrollado modelos técnicos para que las personas no pueden identificar ni ser identificadas como posible transmisores, de lo que se encarga una base de datos en la nube que no asignan identidad. También se ha mejorado el cifrado del bluetooth para que nadie puede singularizar a un infectado. Pero es obvio que el nivel de cercanía de los datos personales con el sistema general es grande, por lo que podría cuestionarse su pertinencia por razones de respeto a la intimidad y al secreto médico.

El dilema es ético, no tecnológico.

En las últimas semanas se ha hablado mucho del llamado “pasaporte inmunológico”. Lo han hecho algunos portavoces de determinados sectores económicos, como el turismo, porque creen que sería un sistema que permitiría mantener un razonable control sobre las personas que puedan viajar o alojarse en los hoteles, en el caso, por ejemplo, de que pudieran demostrar que se han inmunizado frente al patógeno. 

Pero también países como Alemania, Italia o Gran Bretaña están considerando la idea del  "pasaporte inmunitario", una prueba constatable y transportable de que una persona ha vencido al coronavirus, que supondría, por ejemplo, una autorización oficial que les permitiría volver a trabajar más rápido.

La manera de poner en funcionamiento este pasaporte se basaría, obviamente, en el teléfono móvil, desde el que se podría exhibir algo así como un código de seguridad que representaría el resultado de un test o un dictamen clínico. Personas que hayan dado positivo en la prueba de antígeno podrían mostrarlo para atestiguar que ni son transmisores ni potenciales afectados. O, personas que presenten test negativos podrían compartir -ellas y sólo ellas- determinados espacios de relación.

Organizar un sistema de estas características no es complejo técnicamente. Si asumimos que el móvil es un dispositivo inseparable para la vida de la mayoría de las personas, y que en sí mismo está protegido por claves o sistemas biométricos de acceso a sus contenidos (la huella o la detección del rostro), podemos aceptar un nivel de responsabilidad suficiente como para que pueda usarse como soporte material de este pasaporte. El mismo, por ejemplo, que legalmente se requiere para acceder a una cuenta bancaria, la que la mayoría de la gente gestiona desde su teléfono personal. Lo que quedaría es por organizar el tipo de app que se considera de uso oficial o autorizado, sus medidas de cifrado y seguridad, y sobre todo la base de datos desde la que se obtendría el veredicto relacionando con el estatus inmunitario, y si éste se basa en qué tipos de test. Esto es, en definitiva, lo que podemos considerar un “pasaporte inmunitario”.

El dilema, sin embargo, es esencialmente ético. Hace pocos días el New York Times recogía en un artículo la historia de los llamados “inmunoprivilegiados”, aquello ciudadanos inmunes (por haber pasado ya la infección) a los que se les podría autorizar a reabrir negocios, volver al trabajo y, en definitiva, poner de nuevo en marcha la economía.

Que la gente pueda manejar su "inmunocapital" para salvar la economía suena a ciencia ficción. Pero puede ser la medida más razonable en espera de una vacuna viable. Si así fuera, hay algunas lecciones del pasado que también se pueden aprovechar. La historiadora de la medicina Kathryn Olivarius ha escrito en New York Times un artículo en el que recuerda lo ocurrido con la fiebre amarilla, cuando la discriminación inmunológica se convirtió en una forma más de prejuicios y una fuente de desigualdades raciales y económicas. La historia merece ser leída, y en ella se comprueba que éste no es tanto un problema técnico -hay instrumentos, sólo se necesita tiempo-, sino ético.