El informe que asesora al Congreso de los Diputados sobre Inteligencia Artificial y Salud

La idea de estas oficinas, que están agrupadas en la red EPTA, consiste en que los parlamentarios tengan referencias ecuánimes sobre asuntos de especial complejidad, en los que no sea fácil mantener un conocimiento actualizado. Además de la información que pueda llegarles mediante el contacto con determinados grupos de interés, estas oficinas procuran generar un mínimo conocimiento útil sobre una determinada materia, y hacerlo estableciendo referencias objetivas.

Los informes que hacen este tipo de organismos parlamentarios suelen ser sucintos, con una estructura esquemática, para no incurrir en análisis de inabordable profundidad. Se diría que opera un principio de “mínima información eficiente”, en el sentido de que proporcione la actualización estrictamente imprescindible sobre una determinada materia. No se trata de generar nuevos artículos científicos, sino de plasmar una descripción del estado actual de una determinada cuestión. Los informes son públicos y cualquier ciudadano puede acceder a ellos. 

El Congreso de los Diputados de España llevaba un considerable retraso en disponer de una oficina de estas características, y fue a mediados de 2021 cuando se planteó su creación efectiva. Como ocurre en algunos otros países, las funciones fueron convenidas con un ente público externo, en este caso la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, FECYT, dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación. 

En realidad, la idea de esta oficina comienza en el año 2018, cuando la iniciativa ciudadana “Ciencia en el Parlamento” celebró en el Congreso de los Diputados un encuentro de dos días entre parlamentarios y científicos, en el que se debatió y compartieron puntos de vista sobre diferentes temas de interés para España. La experiencia puso de manifiesto cómo podría funcionar una Oficina de Ciencia y Tecnología en el Congreso. El 5 de marzo de 2021 el Congreso y la FECYT firmaron un acuerdo de colaboración para la puesta en marcha de ese organismo. La iniciativa Ciencia en el Parlamento pasó a formar parte del Consejo Asesor de la Oficina.

El Congreso de los Diputados financia la Oficina y le proporcionara regularmnete un listado de asuntos sobre los que desee disponer de un informe, tras acuerdo de la Mesa. La Oficina no lleva a cabo investigación propia, y su labor es la de conectar el conocimiento científico existente con la labor parlamentaria. Tampoco presta labores de asesoramiento inmediato sobre asuntos concretos de tramitación parlamentaria. Los informes son expositivos, no propositivos: no sugieren medidas normativas, sino que se limitan a contar cómo está un determinado asunto.

Los primeros informes.

Recientemente se han presentado los cuatro primeros informes, junto con el propio proyecto de funcionamiento de esta Oficina. Lo primero que ha llamado la atención es que se ha bautizado con el nombre de Oficina C, una marca cuya letra prominente significa al mismo tiempo “Congreso” y “Ciencia”. Sus cuatro primeros trabajos se refieren a: 

• Hidrógeno verde como combustible.
• Ciberseguridad.
• Avances en el tratamiento del cáncer.
• Inteligencia artificial y salud.

Cada uno de esos análisis ha sido redactados en colaboración con un grupo de expertos e investigadores. Son documentos disponibles en formato web y pdf (de unas 10 páginas de extensión cada uno, más la bibliografía).  

IA y Salud.

En el área biomédica, los temas seleccionados de forma prioritaria han sido los de los tratamientos del cáncer (área de una enorme progresión, a la que han llegado ya las terapias avanzadas y muchas otras aportaciones científicas), y el de la inteligencia artificial en salud (un asunto en el que se están produciendo innumerables aportaciones tecnológicas). Dado que estos asuntos se han preferido sobre otros, habrá que considerar que son los que suscitan un mayor interés en los legisladores.

El informe sobre inteligencia artificial y salud ha referenciado 270 documentos y consultado a un total de 30 personas expertas en la materia. De ellas, el 50 % pertenecen al área de ciencias de la vida (medicina, bioinformática, informática biomédica, regulación, evaluación sanitaria y ecología), el 36 % a las ciencias físicas e ingenierías (ingeniería informática, procesamiento del lenguaje, ingeniería electrónica e ingeniería robótica) y el 13% a las ciencias sociales y humanidades (ciencias del comportamiento, ética, filosofía y derecho). 

Comienza por afirmar que la IA interesa especialmente por su capacidad para realizar tareas especialmente complejas a gran escala, y de forma más eficiente que la inteligencia humana. Especialmente, aquellas relacionadas con la percepción visual, el procesamiento del lenguaje hablado y escrito, o la interacción física con el entorno. Y que precisamente por eso, uno de los ámbitos en los que se espera que tenga un mayor impacto es en la salud y la medicina.

Se hace mención de aquellas áreas en las que ya se están desarrollando experiencias y que pueden beneficiarse más intensamente de la IA en el campo médico: el apoyo en prevención, autocuidado y bienestar, el apoyo al diagnóstico, el apoyo logístico, el apoyo terapéutico y el descubrimiento de medicamentos. También ofrece ejemplos de cómo se ha podido emplear estos sistemas en el área de la salud pública y el control de pandemias.

No obstante, el informe considera que “a pesar del interés e investigación crecientes en aplicaciones de IA en el ámbito de la salud, incluso en proyectos piloto desarrollados en ciertos hospitales, no existe todavía una traslación generalizada de estas tecnologías para uso clínico”. Una de las razones es que “la fiabilidad o confianza es un requisito previo para que las personas y sociedades desarrollen, desplieguen y utilicen sistemas de IA. En caso contrario, pueden producirse consecuencias no deseadas que obstaculicen su adopción o que generen una percepción de inseguridad que desincentive su uso”.

El informe recuerda que “se ha recomendado que los sistemas de IA en el ámbito de la salud respalden la autonomía y la toma de decisiones de las personas. Particularmente, los predictores-decisores clínicos autónomos pueden entrañar un riesgo para las personas a menos que tengan supervisión humana”. También, que “las herramientas basadas en IA deben generar predicciones justas, robustas y confiables en un entorno clínico real.” 

Además, el informe dedica una parte de su contenido a analizar los condicionantes para la gestión y gobernanza de los datos sanitarios, y otra a exponer el actual marco regulatorio. Por último, habla de la IA en el contexto social del futuro: “el interés es creciente y radica en que las tecnologías basadas en IA pueden contribuir a sostener la salud de los ciudadanos en el futuro”.