El Gobierno recupera la Sanidad Universal en todo el territorio español


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La ministra de Sanidad, Carmen Montón, ha anunciado tras la celebración del último Consejo de Ministros que se ha aprobado el Real Decreto Ley que garantiza la atención sanitaria universal, desligando el reconocimiento del derecho a la salud de la condición de asegurado.

En concreto, el Real Decreto-Ley sobre Acceso Universal al Sistema Nacional de Salud (SNS), L garantiza el derecho a la protección a la salud y a la atención sanitaria en las mismas condiciones a todas las personas que se encuentren en el estado español. De esta forma, permitirá que reciban atención sanitaria normalizada los colectivos que quedaron excluidos con el RDL 16/2012 aprobado y ejecutado por el gobierno del Partido Popular.

Tal y como ha explicado Montón ante la prensa, “España disfruta de una sanidad pública y de calidad de la que sentirnos muy orgullosos”, que hoy se fortalece recuperando el carácter universal. “Esto implica alcanzar la meta marcada por el ministro Ernest Lluch con la Ley General de Sanidad de 1986, la norma que sentó las bases de uno de los pilares del estado del bienestar”.

Igualmente, la ministra ha añadido que la urgencia por llevar a cabo esta medida se justifica en “la mejora de la salud individual de las personas excluidas y de la salud colectiva de toda la población. Una sociedad justa no deja a nadie atrás”.

Especificaciones de la norma

Lo más destacado de este Real Decreto Ley es que reconoce como titulares del derecho a la protección de la salud y la atención sanitaria a las personas con nacionalidad española y las personas extranjeras que tengan residencia en España.

También a aquellas personas que no teniendo su residencia habitual en territorio español tienen reconocido su derecho a la asistencia sanitaria en España por cualquier otro título jurídico, como por ejemplo son los pensionistas españoles que no residen en España, los trabajadores desplazados o los trabajadores transfronterizos.

Respecto a las dudas de la oposición en cuanto a la sostenibilidad financiera, se ha argumentado que para no comprometer la sostenibilidad financiera del Sistema Nacional de Salud y evitar el uso inapropiado del derecho a la asistencia sanitaria, respecto a estos colectivos, la asistencia sanitaria será con cargo a los fondos públicos de las administraciones competentes. Todo ello siempre y cuando no se exporte el derecho de cobertura sanitaria desde su país de origen; no exista un tercero obligado al pago y no se tenga la obligación de acreditar la cobertura de la prestación sanitaria por otra vía, en virtud de lo dispuesto en el derecho de la UE, los convenios bilaterales y demás normas aplicables.

Por otra parte, esta norma aporta coordinación, armonización y seguridad jurídica ante la normativa dispersa de las CC.AA. Para preservar la atención sanitaria a los colectivos que quedaron fuera del Sistema Nacional de Salud por el RDL 16/2012, las CCAA elaboraron diferentes disposiciones para cubrir a las poblaciones excluidas. El nuevo RDL acabará con la inseguridad jurídica que afecta tanto a las personas que precisan atención sanitaria como a los profesionales que prestan ese servicio público así como a las Administraciones que en su día las aprobaron.