El Consejo de Ministros da luz verde a la nueva Ley de la Ciencia
- Ana Villajos
- Noticias profesionales
El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley que modifica la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Sobre la luz verde a la nueva Ley de Ciencia aportaba más información Diana Morant, ministra de Ciencia e Innovación. Según la misma se trata de “un texto transformador que cumple con dos demandas unánimes de la comunidad científica y de la sociedad. Por un lado, dignificar las condiciones de trabajo de los investigadores e investigadoras de España. Por otro lado, garantizar una financiación pública creciente y estable”.
De esta forma, la ministra matizaba que “esta reforma viene a reparar los fallos del sistema de ciencia e innovación”. Según la misma estos estuvieron agravados durante una década de recortes que provocó “la destrucción de miles de plazas públicas, precariedad en las carreras, envejecimiento de las plantillas, la fuga del talento científico de nuestro país y un tapón de toda una generación de investigadores e investigadoras”.
Como destacaba la ministra, esta nueva Ley de Ciencia recoge que se garantiza una financiación de la I+D+i estable y creciente. El objetivo es acercarse a los países de la Unión Europea y alcanzar así el 1,25 por ciento del PIB en inversión pública para 2030. Por otro lado, la norma prevé la creación de la Agencia Espacial Española, que se concretará en un año.
Luz verde a la nueva Ley de Ciencia
Sobre las claves de la luz verde a la nueva Ley de Ciencia, el anteproyecto recoge un itinerario postdoctoral de “incorporación estable al sistema”. Así, para los postdoctorales que quieran acceder al sistema, la duración del contrato será de entre 3 y 6 años, con prórrogas de, al menos, un año. Además, fija que las situaciones de “incapacidad temporal, nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia, violencia de género o terrorista”, interrumpirán el cómputo del plazo límite de duración del contrato. También de su evaluación.
Según este nuevo modelo de contrato, el personal investigador con contrato postdoctoral en universidades públicas, Organismos Públicos de Investigación (OPI), fundaciones o consorcios públicos, podrá optar a una evaluación de la actividad investigadora. Todo ello a partir de la finalización del segundo año de contrato. El objetivo es conseguir la estabilización en el sistema. Es decir que, tras haber superado dicha evaluación, el personal investigador obtendrá una certificación como “investigador establecido”, que además conllevará mejoras salariales.
Además, aprobar esta prueba les eximirá de realizar partes de las pruebas para acceder al sistema público. Así, se les reservará un mínimo del 15 por ciento de la tasa de reposición para este tipo de contratos en las Ofertas Públicas de Empleo (OPE) en las universidades. También del 25 por ciento en los OPI. Por otro lado, el borrador incorpora un nuevo contrato indefinido para "todo tipo de personal de investigación" que realice actividades científico-técnicas.
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