El Congreso convalida el Real Decreto-Ley de “nueva normalidad”


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El Congreso de los Diputados convalidó ayer jueves el Real Decreto-Ley de “nueva normalidad” impulsado por el Gobierno el pasado 9 de junio, que rige las normas básicas tras el estado de alarma y hasta el final de la crisis sanitaria del COVID-19.

Entre sus estipulaciones se encuentra la distancia de seguridad de 1,5 metros y, si no es posible mantener esa distancia, la obligatoriedad del uso de mascarillas en la vía pública, en espacios al aire libre y en espacios cerrados de uso público o que se encuentren abiertos al público, así como en los transportes, "en condiciones económicas no abusivas".

El incumplimiento del uso de mascarilla será sancionado con multas de hasta 100 euros y serán las comunidades autónomas y las entidades locales a las que les corresponderá las funciones de vigilancia, inspección y control. Igualmente, el Decreto recoge la declaración expresa de la COVID-19 como enfermedad de declaración obligatoria urgente.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, defendió ante el Congreso en nombre del Gobierno la necesidad de este Decreto de “nueva normalidad”, que salió adelante con el apoyo favorable de la mayoría de los grupos, como PSOE, PP, Unidas Podemos, Ciudadanos y PNV. VOX votó en contra, igual que ERC, EH Bildu y Junts per Catalunya. El Decreto será tramitado como Proyecto de Ley, donde los grupos podrán realizar sus propias aportaciones.

Illa aprovechó su intervención para recordar que "el virus no ha desaparecido". "Sabemos que el peligro sigue ahí, debemos adoptar todas las precauciones necesarias hasta que podamos contar con un tratamiento y una vacuna segura. No podemos tirar por la borda todo lo que hemos conseguido", justificó, pidiendo su apoyo a los grupos políticos.

Según el ministro, la “nueva normalidad” resulta "esencial para facilitar la prevención y actuación ante posibles brotes" y "contribuye a la coordinación de las administraciones sanitarias". "Son medidas necesarias, proporcionadas y con un alto grado de consenso con las comunidades autónomas", añadió.

El Decreto introduce el deber de las comunidades autónomas de suministrar información cuando se produzcan situaciones de emergencia para la salud pública, para garantizar la adecuada coordinación entre las autoridades sanitarias y reforzar el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud. Además, deberán continuar facilitando los datos necesarios para el seguimiento y la vigilancia epidemiológica de la COVID-19, así como la situación de la capacidad asistencial y necesidades de recursos humanos y material.

Los servicios de salud garantizarán que, en todos los niveles de la asistencia, y de forma especial en atención primaria, se le realizará a todo caso sospechoso una prueba diagnóstica por PCR u otra técnica de diagnóstico molecular, tan pronto como sea posible desde el conocimiento de los síntomas, y que toda la información se transmita en tiempo y forma.

Las comunidades autónomas deberán velar por garantizar un número suficiente de profesionales involucrados en la prevención y control de la enfermedad, su diagnóstico temprano, la atención a los casos y la vigilancia epidemiológica, así como crear planes de contingencia para asegurar una respuesta rápida y coordinada.

Los establecimientos, medios de transporte o cualquier otro lugar, centro o entidad pública o privada en los que las autoridades sanitarias identifiquen la necesidad de realizar trazabilidad de contactos, tendrán la obligación de facilitar a las autoridades sanitarias la información de la que dispongan relativa a la identificación y datos de contacto de las personas potencialmente afectadas.

Las medidas de prevención e higiene, como la obligatoriedad de utilizar mascarillas siempre que no se garantice la distancia interpersonal, continuarán vigentes en el periodo de nueva normalidad. Se mantiene la obligación de llevar mascarilla en los medios de transporte aéreo, marítimo, en autobús o por ferrocarril, así como en los transportes públicos y privados complementarios de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, si los ocupantes de los vehículos de turismo no conviven en el mismo domicilio. En transporte marítimo, se adapta la obligación a las particularidades de este modo de transporte.

También se contempla la adopción de medidas de prevención e higiene en el entorno de trabajo, tales como la ordenación de los puestos de trabajo o la organización de los turnos para evitar aglomeraciones, así como en los establecimientos comerciales, en los centros residenciales de carácter social o en las actividades de hostelería y restauración.

Asimismo, incorpora las medidas necesarias para garantizar la disponibilidad de mascarillas quirúrgicas, geles hidroalcohólicos y otros productos sanitarios necesarios para la protección de la salud. El stock o las cantidades suministradas de los medicamentos considerados esenciales en la gestión de la crisis sanitaria, tendrá que ser comunicado a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) para garantizar en todo momento su abastecimiento. Cuando exista una situación de excepcionalidad sanitaria o cuando la situación de vulnerabilidad del paciente lo requiera, las comunidades autónomas podrán establecer las medidas oportunas para la dispensación de fármacos de forma no presencial.