El Congreso convalida el Real Decreto de universalidad del Sistema Nacional de Salud


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El Pleno del Congreso de los Diputados convalidó el Real Decreto 7/2018 sobre acceso universal al Sistema Nacional de Salud (SNS), aprobado por el Consejo de Ministros el pasado mes de julio y por el que se establece que todas las personas que residen en España, con independencia de su situación administrativa, puedan ser atendidas en el sistema sanitario, y ha aprobado tramitarlo como ley por el procedimiento de urgencia.

Los votos obtenidos han diferido en ambos casos, ya que, mientras que la convalidación de la norma contó con 177 votos a favor, 133 en contra y 31 abstenciones, la propuesta de tramitarla por la vía de urgencia como un proyecto de ley fue respaldada con 336 votos, ninguno en contra y solo una abstención.

Durante el debate, la ministra de Sanidad y responsable de defender el texto, Carmen Montón, ha asegurado que el decreto es una norma que dignifica la acción política, elimina las desigualdades y garantiza el derecho a la sanidad, la solidaridad y la cohesión.

"Supone un auténtico cambio de modelo en la atención sanitaria en España porque la titularidad del derecho a la asistencia se basa en la condición de ciudadanía y se desliga de la de asegurado", explicó.

Además, tal y como argumentó Montón, la elaboración de la normativa responde a la "involución" en el Sistema Nacional de Salud (SNS) que supuso el Real Decreto 16/2012 aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy, el cual desvirtuó el derecho a la protección de la salud y anuló el carácter universal de la sanidad al condicionar el derecho a la asistencia sanitaria al aseguramiento.

"La exclusión sanitaria ha empeorado la salud de las personas que quedaron fuera del SNS", criticó la ministra, para recordar que diferentes organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Comisión Europea o el Consejo de Europa, han solicitado a España devolver la universalidad del sistema sanitario a todos los ciudadanos, sin discriminación alguna.

Por todo ello, Montón aseguró que el Gobierno ha elaborado un nuevo Real Decreto que aporta "coordinación, armonización y seguridad jurídica" a las personas que se habían quedado fuera del sistema por el Real Decreto aprobado por el Partido Popular, pero también a los profesionales sanitarios y a las comunidades autónomas, que habían intentado dar una solución a la exclusión asumiendo la prestación de manera desigual.

Asimismo, la ministra explicó que, según establece la norma, la asistencia no correrá a cargo de fondos públicos siempre que no exista un tercero obligado al pago o no se pueda exportar el derecho a cobertura desde su país de origen.

En este punto, Montón trasladó algunas de las aportaciones a la norma introducidas por los agentes implicados como, por ejemplo, la asistencia gratuita en el periodo entre la entrega del documento provisional y la emisión de la tarjeta sanitaria, y que la declaración de no existir terceros obligados al pago sea una declaración responsable en lugar de una declaración jurada.

Dicho esto, la ministra de Sanidad informó de que, una vez modificada la normativa con las aportaciones y convalidada, se van a analizar los recursos de inconstitucionalidad presentados por el anterior Gobierno contra las comunidades autónomas, que decidieron atender a los inmigrantes irregulares, porque "ya carecerán de sentido".

Durante el debate, los grupos parlamentarios dieron la bienvenida a que el Real Decreto vaya a tramitarse como proyecto de ley, porque así se podrá completar con enmiendas, si bien la diputada del Grupo Parlamentario Popular, María Teresa Angulo, acusó a la ministra de "vender humo" y de elaborar la norma de manera irresponsable, porque abrirá las puertas al turismo sanitario.

"Fue el PP el que garantizó la viabilidad del SNS y su carácter universal, gratuito y público con una reforma que era necesaria y urgente porque había que hacer universal un sistema sanitario que con el PSOE no era, porque excluía a cientos de miles de españoles, incluidos los parados", declaró la diputada Angulo, quien solicitó a los socialistas convocar elecciones "si tan seguros están de sus políticas".

Asimismo, durante el debate de la convalidación, el portavoz de Sanidad de Ciudadanos, Francisco Igea, cuyo grupo parlamentario votó a favor, avisó de que la tramitación del Real Decreto "no es ni urgente ni extraordinaria" y "no asegura" la igualdad en la asistencia sanitaria.

Del mismo modo se pronunciaron el resto de grupos parlamentarios, que señalaron que, a pesar de estar a favor del decreto, especialmente porque se va a tramitar como ley, advirtieron de que quedan aspectos por mejorar.

Por ejemplo, desde Unidos Podemos se pidió que se garantice que las comunidades autónomas "no puedan boicotearlo, como ha intentado hacer la Comunidad de Madrid recientemente"; y desde el PNV que se reinstaure la situación anterior a la aprobación del Real Decreto 16/2012.