El aborto es un acto de salud pública

"Se trata de una sentencia que, en principio, solo aplica a Estados Unidos pero que puede tener repercusiones en todo el mundo, ya que el caso Roe contra Wade fue en sí mismo una sentencia histórica que abrió una reflexión general en los Estados modernos sobre el aborto y tuvo un gran impacto a nivel cultural incluso aquí en Italia", explica Amedeo Santosuosso, antiguo juez del Tribunal de Apelación y director del Centro Europeo de Ciencias Jurídicas y Nuevas Tecnologías de la Universidad de Pavía.

Una cuestión de salud pública

Por primera vez en los ya cincuenta años de debate sobre el aborto y las leyes que lo protegen, la mayoría de las organizaciones científicas han expresado su oposición a la sentencia, a veces con posturas públicas inéditas para un tema de bioética, y han reafirmado el carácter protector del derecho al aborto. 

La primera en hacerlo fue la Organización Mundial de la Salud (OMS), que en marzo de este año elaboró nuevas guías para el manejo de la interrupción voluntaria del embarazo. Entre las principales recomendaciones están despenalizar el aborto, hacerlo accesible sin restricciones ni autorizaciones de terceros, favorecer el abordaje farmacológico frente al quirúrgico, evitar los periodos de espera obligatorios tras la primera solicitud y poner solución a los efectos distorsionadores de las posibles objeciones de conciencia del personal sanitario. La sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos va en la dirección contraria a la que apoyan los expertos en salud pública, ya que permitirá, por ejemplo, introducir formas de restricción local incluso en los estados en los que el aborto sigue siendo practicable en cierta medida.

En 1992 el caso Planet Parenthood contra Casey llevó al Tribunal Supremo de la época a dictaminar que los jueces deben sopesar siempre las nuevas legislaciones locales a la luz de los posibles obstáculos a la autodeterminación, como en el caso de las adolescentes que, según algunos estados, tendrían que pedir el consentimiento de sus padres para abortar. Ahora cada estado será libre de legislar al respecto.

Los datos a tener en cuenta

Para la OMS, el aborto es simplemente un acto médico que puede atribuirse a la prevención y a la salud de las mujeres. El debate en el Tribunal Supremo fue también una oportunidad para revisar las pruebas científicas que apoyan este enfoque. De hecho, un grupo de 547 expertos en salud pública, salud reproductiva, ginecología y neonatología firmaron un memorándum para el Tribunal (en la jerga técnica, un "amicus brief") en el que recogían datos que apoyaban que el aborto es un elemento indispensable en la gestión de la salud de las mujeres y que los niños nacidos de embarazos no deseados tienen más patologías, entre ellas el parto prematuro y el bajo peso al nacer.

Además, los niños no deseados sufren efectos de por vida relacionados con la pobreza y la desigualdad, mientras que las madres a las que se les niega el derecho al aborto suelen ser víctimas de la violencia doméstica y de la autodesvalorización, lo que provoca graves daños psicológicos y físicos.

Cuando el estado de Texas consiguió aprobar una ley antiaborto, el porcentaje de abortos se redujo un 13 % al año, dejando especialmente a las mujeres más pobres y con menos formación sin otra alternativa que cruzar las fronteras del estado. Según una estimación conservadora, publicada en la revista Nature, actualmente puede haber más de 100.000 mujeres estadounidenses que dan a luz a un niño no deseado.

Uno de los estudios más completos que han demostrado los efectos nocivos de la negación del aborto es el Estudio Turnaway, realizado por la Universidad de California en San Francisco. Tras seguir a 1.000 mujeres reclutadas en el momento de solicitar el aborto, los científicos demostraron que aquellas a las que se les negó el derecho a interrumpir el embarazo tenían más probabilidades de vivir en la pobreza, de no poder salir de su condición desfavorable, de carecer de medios para atender las necesidades del niño y, en general, de tener un nivel de educación, salud mental y física inferior al de las mujeres a las que se les permitió abortar. Obviamente, estos daños se reflejan en el estado de salud de los niños (incluso de los deseados y ya nacidos) y se suman a los que ya se sabe que están relacionados con los intentos de interrumpir el embarazo por métodos autoadministrados o por intervenciones realizadas por personal no cualificado o en condiciones higiénicas y sanitarias inadecuadas.

¿Es la píldora abortiva la solución?

Según una estimación recogida en un reciente editorial de Lancet con el significativo título de "Por qué debemos defender Roe contra Wade", hay aproximadamente 120 millones de embarazos no deseados al año en todo el mundo, de los cuales tres quintas partes se interrumpen mediante el aborto. Sin embargo, solo el 55 % de las mujeres que se someten a un aborto lo hacen en un contexto seguro. Esto significa que 33 millones de mujeres al año en todo el mundo ponen su vida en riesgo abortando mediante procedimientos no controlados.

Por ello, las recomendaciones de la OMS hacen hincapié en la distribución generalizada de la píldora abortiva, una solución que facilitaría el acceso a un instrumento seguro y manejable incluso en casa. No es casualidad que la distribución de píldoras abortivas con el apoyo de la asistencia de la telemedicina sea una de las soluciones propuestas por las asociaciones a favor del derecho a la autodeterminación, para abordar el problema en los estados que ya no permitirán la interrupción voluntaria del embarazo. La asociación Aid Access, por ejemplo, tiene su sede en Austria y lleva enviando la píldora abortiva por correo a mujeres de todo el mundo desde 2005. Una estrategia no del todo exenta de riesgos ya que, en caso de complicaciones, muchos estados niegan la asistencia médica a las mujeres que se han practicado un aborto, y algunos, entre ellos algunos estados norteamericanos tras una sentencia del Tribunal Constitucional, llegan a plantearse la penalización del acto en sí.

A pesar de ello, Aid Access y otras organizaciones de apoyo están a favor de la prescripción anticipada de una dosis del fármaco abortivo a toda mujer en edad fértil, para evitar problemas de trazabilidad o de calendario, también porque el misoprostol tiene otras indicaciones, entre ellas el tratamiento de las úlceras gástricas.

En 2018, la Comisión Guttmacher-Lancet sobre Salud Sexual y Reproductiva concluyó que el derecho a los servicios de aborto seguro y al tratamiento de las complicaciones derivadas del aborto inseguro son fundamentales para cualquier concepción del bienestar de la mujer y de la igualdad de género. "La disponibilidad de un paquete esencial de intervenciones de salud sexual y reproductiva debería ser un derecho fundamental para todas las mujeres, incluyendo la educación sexual integral; el acceso a anticonceptivos modernos; los servicios de aborto seguro; la prevención y el tratamiento del VIH y otras enfermedades de transmisión sexual; la prevención y el tratamiento de la violencia de género; el asesoramiento sobre salud sexual; y los servicios de infertilidad", escribe la revista Lancet en un editorial. "¿En qué tipo de sociedad se ha convertido Estados Unidos cuando un pequeño grupo de jueces está facultado para perjudicar a las mujeres, a sus familias y a las comunidades que están encargados de proteger?"

Este contenido fue publicado originalmente en Univadis Italia.