Desde hace algunas décadas asistimos a un deseo creciente de participación en el gobierno de los problemas cotidianos de gran parte de los ciudadanos que no quiere conformarse con que su actividad política se reduzca al voto a un determinado partido cada cuatro años.
La participación comunitaria no es tan solo un reflejo del funcionamiento democrático de la sociedad y un derecho, sino también una magnífica herramienta para atar consensos y llegar a acuerdos, sin que ello suponga la renuncia a la última decisión que corresponde a las Administraciones.
La pandemia está siendo utilizada como un arma arrojadiza entre los partidos políticos. La política se percibe como algo que no funciona y que no resulta útil para resolver problemas, siendo, por contra, una fuente de dificultades. No aparece como el medio para intervenir en situaciones complejas y gestionar intereses diversos así como los conflictos que se puedan derivar. Y eso supone un riesgo para la democracia.
Recordemos que la política no es solo cosa de políticos, El diccionario de la RAE la define como: “actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos con su opinión, con su voto, o de cualquier otro modo”. Y en democracia, la política, las decisiones que afectan a todos los ciudadanos, debería elaborarse y realizarse facilitando, escuchando y teniendo en cuenta las aportaciones ciudadanas para mejorar y concretar esas actuaciones.
La pandemia de la COVID-19 ha puesto de relieve que la capacidad de las sociedades para frenar la propagación del virus depende no solamente del sistema de salud, de los avances científicos y del sector farmacéutico, sino también en gran medida de la responsabilidad política y civil, es decir, de una gestión eficaz y responsable de la pandemia por parte de los políticos y del comportamiento responsable de los ciudadanos. La aceptación de restricciones drásticas en la vida social y laboral por parte de la ciudadanía requiere un alto nivel de confianza en el sistema político y en las instituciones públicas. En este contexto, la participación ciudadana en los procesos políticos cobra especial importancia, sobre todo en momentos de crisis sanitaria, económica y social como la actual.
La infodemia, la desinformación y el discurso de la posverdad han obstaculizado la aplicación efectiva de medidas restrictivas para contener el virus y han generado, en cambio, un aumento tanto de actitudes conspiranoicas y negacionistas, como de los movimientos anticiencia y antivacunas. Tendencias que son reforzadas por la polarización de la población y que a su vez las fomentan.
La pandemia supone, además de un gran reto para la Salud Pública, una fuente de numerosos conflictos éticos en el diseño y la aplicación de las políticas de contención de los contagios y sus efectos letales. Uno de estos conflictos éticos está relacionado con las medidas destinadas a frenar la pandemia que limitan los derechos y libertades individuales. Medidas como el confinamiento, el uso de las mascarillas, la distancia social, el cierre de los comercios, hostelería, etc., implican necesariamente la restricción de las libertades de los ciudadanos. Estas medidas de salud pública deben ir también acompañadas de medidas de protección de los efectos negativos que tales medidas puedan tener sobre la precariedad económica y la vulnerabilidad de las personas. Y ya conocemos la diversidad geográfica de las mismas, en unos lugares con subvenciones y en otros manteniendo abierta toda la actividad comercial, porque es un modo de vivir de esa región.
La eficiencia de las recomendaciones sanitarias a medio y largo plazo depende más de la confianza que genera quienes lo dicen y el por qué, que del qué se dice y las veces que se repita. Por ello sería conveniente que existieran Agencias de Salud Pública integradas por expertos reconocidos, independientes ideológicamente y estables en el tiempo, que ayuden a tomar decisiones fundamentadas científicamente.
No hay comunidad sin cooperación, ni salud pública sin colaboración. Evitar los daños que produzca la pandemia de la COVID-19 está parcialmente bajo control de las autoridades y los ciudadanos. Cuanto más prudente sea el comportamiento de los individuos, menos contagios habrá. Mientras avanza la vacunación, y ante la ausencia de tratamiento, el comportamiento de la sociedad es un factor clave en la lucha contra la enfermedad. Sobre todo cuando aún desconocemos las secuelas a largo plazo.
“Tiene la vida un lánguido argumento. Que no se acaba nunca de aprender. Sabe a licor y a luna despeinada. Que no quita la sed…” ( Dos horas después, J.Sabina).
El Dr. Miguel Álvarez Deza es especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública.
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