CC.OO sigue reclamando los derechos de los empleados públicos


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Recientemente el Congreso de los Diputados ha realizado un debate para la convalidación del RDL 24/2018 de medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público. Ante lo acordado en el mismo, los sindicatos, entre ellos Comisiones Obreras, ha querido volver a poner de manifiesto las cuestiones no abordadas en cuanto a los derechos de los empleados públicos, entre los que también se encuentran los profesionales sanitarios.

Lo primero que señalan desde el sindicato es la incertidumbre generada, ya que se desconoce la redacción de dicho Real Decreto. Todo ello además del hecho de que “abre una doble vía parlamentaria, con un proyecto de PGE 2019 presentado en el Congreso y esta otra propuesta legislativa con materias que son propias del proyecto presupuestario, que podrían ser contradictoria, sin obviar que afectan a las condiciones retributivas, de empleo y laborales de más de tres millones de empleadas y empleados público”.

Ante este hecho, desde CC.OO opinan que esta doble vía “debe superarse en un solo acto legislativo, que establezca las necesarias garantías de cumplimiento de los acuerdos suscritos con el Gobierno en los ámbitos de Función Pública y que tienen su ámbito de aplicación a todas las Administraciones Públicas,  con plenos respeto al mandato constitucional de la salvaguarda de la negociación colectiva recientemente recuperada después de años de secuestro por varios gobiernos a lo largo de la crisis económica”.

La necesidad de una comisión de seguimiento

En cuanto a los puntos pendientes del Acuerdo de Empleo Público con el Gobierno, el pasado 10 de enero, CC.OO expuso en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, que era necesario que el Gobierno diera una explicación genérica, en un formato más próximo al de una tertulia que a una negociación real, de los contenidos de lo que formaría parte del proyecto de PGE 2019 y que según el Gobierno, daba cumplimiento a lo previsto en el II Acuerdo.

Así, insisten en que es necesaria la convocatoria urgente de la comisión de seguimiento del II Acuerdo, en la cual se aborde, en materia de salarios, la adaptación de la nueva previsión de crecimiento económico 2,2 por ciento del PIB en lugar del 2,5 por ciento que se recogía en el II Acuerdo. También  la negociación de la Oferta de Empleo Público de 2019 “y no, como unilateralmente ha hecho el Gobierno, la traslación de los parámetros de tasa de reposición del 2018”.

Siguen igualmente pendientes la desvinculación de los objetivos de déficit para recuperar y extender la jornada de 35 horas, o el permiso de paternidad de 16 semanas, para todas las y los empleados públicos, y no sólo aplicable en la Administración General del Estado, ampliándolo a aquellos ámbitos descentralizados en los que estuviera vigente.